Según los resultados de la Encuesta ‘Chile Nos Habla’, realizada por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), las empresas en Chile han recibido una evaluación de 3,7 sobre 7 en materia de sostenibilidad, una nota que refleja la creciente preocupación de la ciudadanía por el impacto ambiental y social de las actividades empresariales. En este contexto, se ha evidenciado que el 75% de los encuestados considera que la sostenibilidad es un tema relevante, y muchos de ellos están dispuestos a pagar un precio más alto por productos y servicios que respeten criterios sostenibles. Sin embargo, un 21,9% manifestó poco o ningún interés en financiar dicha transición, lo que indica que existe una disparidad en la percepción de las prioridades empresariales y las expectativas ciudadanas en relación a la sostenibilidad.
El estudio también pone de manifiesto una notable discordancia entre las expectativas de la ciudadanía y las acciones que las empresas reportan en su camino hacia la sostenibilidad. Entre las principales prioridades que la población espera de las compañías, resalta la reducción de la contaminación y la promoción de trabajo digno, que ocupan el cuarto y quinto lugar, a pesar de ser temas clave para los encuestados. Felipe Bettancourt, coordinador de Impacto Social del Centro de Políticas Públicas de la USS, declaró que estas cifras muestran una desalineación preocupante que debe ser atendida con urgencia por el sector empresarial para evitar una mayor desaprobación social.
Para abordar estos desafíos, los encuestados destacaron acciones concretas que las empresas deberían adoptar, como el uso de energías renovables (45,5%) y la transparencia a través de reportes de sostenibilidad (30%). Otras prácticas relevantes incluyen el reciclaje (24,9%) y el desarrollo de proyectos educativos sobre medio ambiente (22,3%). Estos resultados resaltan un claro deseo de cambio por parte de los consumidores, quienes esperan que el sector empresarial lidere iniciativas que no solo mitiguen su impacto negativo, sino que promuevan el bienestar social y ambiental.
Sin embargo, el camino hacia una mayor sostenibilidad se encuentra obstaculizado por ciertos factores. Los encuestados identificaron los costos de implementación (30%) como el mayor impedimento, seguido de la falta de conocimiento sobre temas ambientales (12,7%) y las complicaciones administrativas en la obtención de permisos (12,4%). Esto pone de manifiesto la necesidad de que las empresas, el Estado y la sociedad civil trabajen conjuntamente para superar estos obstáculos y aprovechar las oportunidades que surgen del cambio a prácticas más sostenibles.
Un aspecto fundamental en la discusión sobre sostenibilidad es el papel que debe jugar el gobierno. La encuesta indica que el 32,4% de la población opina que se deben promover incentivos tributarios, mientras que otros ciudadanos sugirieron una mayor claridad regulatoria y financiamiento directo para proyectos sostenibles. Adicionalmente, se ha reafirmado que la responsabilidad de avanzar en sostenibilidad no recae solo en las empresas, sino que es una tarea compartida donde el 61,8% de los encuestados atribuye la responsabilidad al Gobierno y el 60,7% a las empresas. Esta comprensión colectiva es esencial para construir un futuro más sostenible para Chile.
