La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado serias deficiencias en la gestión de residuos sólidos domiciliarios en Chile, enfocándose particularmente en las condiciones inadecuadas de los sitios destinados a la disposición final de estos desechos. Según el último reporte, el 49% de las instalaciones de disposición de residuos no cuenta con la autorización sanitaria vigente, lo que puede acarrear riesgos ambientales significativos, así como implicaciones sanitarias y financieras. Este hallazgo fue parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 28, que abarcó a las 345 municipalidades del país y se elaboró utilizando información entre 2022 y 2025, destacando la alarmante situación del manejo de residuos en diversas localidades.
El informe de la CGR también señala que muchos de los lugares sin autorización sanitaria son vertederos y basurales a nivel municipal o mixto. Entre las inquietudes manifestadas, ocho vertederos han superado su vida útil, con fechas de cierre que oscilan entre 2003 y 2015, lo que pone de relieve las críticas condiciones operativas de estas instalaciones. Esta realidad no solo afecta al entorno inmediato, sino que también plantea una amenaza potencial a la salud pública y al medio ambiente en general, dado que los residuos son una fuente de contaminantes que pueden incidir en la calidad de vida de las comunidades circundantes.
La CGR también ha destacado la concentración de la disposición final de residuos en un número limitado de instalaciones, donde solo tres rellenos sanitarios gestionan desechos de comunas que representan el 24% de la población nacional, acumulando el 33% de las toneladas de residuos generados. Además, 12 sitios reciben residuos de un 59% de las comunas, concentrando el 64% del total de desechos a nivel nacional. Ejemplos como el vertedero Morrompulli en la Región de Los Ríos, que recibe residuos de todas las comunas de la zona, o el vertedero Curaco en Osorno, cuya vida útil restante se estima en apenas un año, demuestran la dependencia crítica de ciertos vertederos que ya no son sostenibles.
Adicionalmente, la falta de planificación regional agrava la situación. El CIC reporta que 11 regiones no cuentan con un Plan Regional de Gestión de Residuos actualizado. A esto se suma el caso de Sierra Gorda, donde un relleno sanitario construido con financiamiento público permanece inactivo, obligando a la comunidad a seguir utilizando instalaciones que no cumplen con los estándares requeridos. Esto representa no solo un desafío logístico para la gestión de residuos, sino también un enfoque deficiente en la inversión pública y la utilización de recursos destinados a proteger el medio ambiente y la salud pública.
Ante estos preocupantes hallazgos, la CGR ha anunciado una fiscalización a nivel nacional para evaluar los riesgos ambientales, sanitarios y financieros relacionados con la gestión de residuos sólidos. Este proceso también implica la revisión de la infraestructura disponible, la calidad de la información reportada y el cumplimiento de la normativa vigente. Además, se oficiará a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para que presenten sus planes de fiscalización para 2026-2027 y tomen las medidas adecuadas para remediar esta situación crítica. El panorama planteado por la CGR exige una pronta respuesta y acción coordinada entre las autoridades locales y nacionales para enfrentar las deficiencias en la gestión de residuos en el país.
