El Gobierno de Chile expuso, en la tarde de este martes, una nueva iniciativa de sanciones que impactará a los ciudadanos que no participen en las próximas elecciones. Esta propuesta se enmarca dentro del proyecto que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso, según reporta Cooperativa. La medida tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana en el proceso electoral, considerado fundamental para la consolidación de la democracia en el país.
La propuesta presentada en el Senado contempla una sanción económica para aquellos que no asistan a las urnas. Se establece la obligación de pagar entre 0,5 y 1,5 UTM, lo que equivale a un monto que oscila entre 35.000 y 103.000 pesos chilenos. El destino de estas multas será a beneficio de las municipalidades, lo que, desde el Gobierno, se considera un incentivo para que las comunas puedan fortalecer su gestión y recursos.
Durante la presentación, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos Palacios, señaló que existen excepciones para esta normativa. Se prevé que no sean sancionadas las personas que se encuentren enfermas, aquellas que estén fuera del país, quienes residan a más de 200 kilómetros del lugar de votación y las personas con discapacidad. Esta consideración busca asegurar que quienes no puedan cumplir con su deber cívico por razones justificadas no sean penalizados.
El debate sobre las nuevas sanciones no ha estado exento de críticas. El senador Jaime Quintana Leal del Partido por la Democracia (PPD), ha manifestado su preocupación respecto al monto de la multa, sugiriendo que debería establecerse un máximo inferior a 1 UTM, que equivaldría a 69 mil pesos. Quintana considera que la cifra propuesta es muy alta y podría desincentivar a la participación en vez de promoverla, lo que podría ir en contra de los objetivos iniciales del proyecto.
En este contexto, el segundo trámite de la iniciativa comenzó esta tarde en la Comisión de Gobierno del Senado. La discusión promete estar marcada por el análisis de las implicaciones que tendría la aplicación de estas sanciones, la justicia social en la penalización de la inasistencia electoral y, principalmente, la búsqueda de mecanismos que realmente incentiven la participación ciudadana, considerando la integralidad de la población y sus distintos contextos.
