A partir del 1 de abril de 2026, Chile implementará la Ley N° 21.680, que establece el Registro de Deuda Consolidada (REDEC), administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esta normativa busca aumentar la transparencia del sistema crediticio al obligar a todas las entidades financieras, incluyendo bancos, mutuarias y otros prestamistas, a reportar en tiempo real las deudas vigentes de sus clientes. Si bien esta legislación promete una gestión más clara y responsable del crédito, también podría complicar el acceso a la vivienda para aquellos que deseen comprar propiedades a través de financiamiento hipotecario.
El impacto inmediato de esta regulación será significativo para los inversionistas, en particular para aquellos de clase media, quienes han utilizado la estrategia del multicrédito. Esta técnica les permitía solicitar múltiples préstamos a diferentes instituciones al mismo tiempo, aprovechando la falta de coordinación en la actualización de información crediticia entre entidades. Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital, explica que durante años estos inversionistas se beneficiaron de una laguna legal que les permitía obtener financiamiento de varios préstamos sin que los bancos tuvieran conciencia de su verdadero nivel de endeudamiento.
Con la instauración del REDEC, dicha práctica quedará obsoleta. A partir de 2026, todas las deudas serán visibles y consolidadas, lo que involucra que los prestamistas ya no podrán ocultar información sobre la solvencia de sus clientes. Esta mayor apertura informativa aportará estabilidad al sistema financiero, pero también limitará el acceso al crédito, especialmente en un momento donde las tasas de interés son elevadas y los requisitos se han vuelto más exigentes. Los inversionistas podrán seguir accediendo a financiamiento, pero deberán hacerlo de manera más consciente y con el apoyo de asesorías financieras.
Los bancos también se enfrentarán a un cambio radical en su enfoque hacia los solicitantes de crédito. Tendrán acceso a una visión integral del endeudamiento total del solicitante, lo que les permitirá aplicar criterios de evaluación más rigurosos. Esto significa que no solo considerarán las hipotecas, sino también otros compromisos financieros como créditos de consumo o tarjetas de crédito. Esta situación afectará especialmente a los inversionistas de clase media, que anteriormente podían adquirir varias propiedades simultáneamente en busca de un crecimiento rápido.
El año 2025 será crucial para que los inversionistas adapten sus estrategias antes de la llegada de la nueva ley. La Ley de Consolidación de Deudas promete fortalecer la transparencia del sistema financiero en Chile, pero al mismo tiempo cerrará la puerta a métodos que históricamente han permitido a los inversionistas inmobiliarios crecer de manera acelerada. Conejeros indica que los inversionistas deberán centrarse en la planificación estratégica y un enfoque más estable, para garantizar que sus inversiones no solo sean viables, sino sostenibles a largo plazo.
