La Corte de Apelaciones de Santiago tomó la decisión unánime de rechazar el recurso de amparo presentado por 141 reos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, quienes buscaban frenar la transformación de esta unidad penal en una cárcel común. La resolución del tribunal, integrada por los ministros José Pablo Rodríguez, Tomás Gray y la abogada (i) Catalina Infante, determinó que no se había cometido ninguna ilegalidad por parte de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería, la institución responsable del manejo y modificación de las instalaciones penitenciarias.
En el fallo, la Corte señaló que el recurso de amparo es un mecanismo diseñado para proteger a aquellos que sufren privaciones o amenazas a su libertad personal. Sin embargo, los magistrados argumentaron que las modificaciones actuales en el recinto penal cumplen con las normativas establecidas, ya que tales cambios deben llevarse a cabo mediante un decreto supremo del Ministerio de Justicia, siguiendo las disposiciones propuestas por Gendarmería. Esto pone de manifiesto la legitimidad de las acciones adoptadas para adecuar las instalaciones a las necesidades actuales.
La resolución también abordó particularmente el objetivo de las obras en Punta Peuco, que tienen como finalidad mejorar la atención de las visitas de los familiares de los internos. Según el tribunal, este objetivo se alinea con las atribuciones de Gendarmería y no contraviene los derechos de los reclusos. La Corte enfatizó que no se encontraba ninguna evidencia que respaldara la afirmación de que los cambios en la infraestructura resultaran en la privación de espacios de esparcimiento o un trato inhumano hacia los internos.
Asimismo, el tribunal refutó la afirmación de que las modificaciones pudieran considerarse crueles o degradantes, subrayando que la construcción de un espacio destinado a mejorar el contacto familiar de los internos no contrarresta la dignidad de estos. La Corte se apoyó en un informe de Gendarmería, que contradecía las versiones presentadas por los abogados recurrentes, destacando la importancia de la documentación y evidencias visuales aportadas durante el proceso.
Finalmente, considerando todos los argumentos y la evidencia presentada, la Corte de Apelaciones concluyó que no existían fundamentos para acoger el amparo solicitado, reafirmando que las acciones de Gendarmería se enmarcan dentro de sus competencias. Con esta decisión, se ratifica el poder del organismo gubernamental para adecuar los recintos establecidos en función de sus necesidades sin que ello signifique una violación a los derechos fundamentales de los internos.
