Los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri han tomado la decisión de presentar un recurso de apelación con el fin de revertir la reciente determinación del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que dejó sin efecto la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla. Esta acción surge después de que la jueza Andrea Díaz Muñoz dictara la medida de arresto domiciliario total, arguyendo que los querellantes y el Ministerio Público no aportaron motivos sólidos para mantener a Hermosilla en prisión. Tanto Cicardini como Manouchehri expresaron su desacuerdo, catalogando la resolución como un «privilegio encubierto» que pone en riesgo tanto a la sociedad como a la investigación en curso y, más ampliamente, a la democracia chilena.
En su comunicado, los parlamentarios enfatizaron que «Chile está cansado de la impunidad de los poderosos», exigiendo que se respete la justicia. Los diputados subrayaron que Hermosilla es considerado el cerebro de la mayor red de corrupción en la historia del país y, al encontrarse nuevamente en libertad, se siente como si nada hubiera pasado. «Esto no es justicia», manifestaron, dejando en claro que su lucha está orientada a asegurar que los responsables de actos de corrupción enfrenten consecuencias reales y efectivas por sus actos.
La crítica de Cicardini y Manouchehri no se limitó solo a señalar el riesgo que representa Hermosilla. Los parlamentarios también advirtieron que su liberación podría permitirle operar desde su hogar, manipulando la investigación y socavando el proceso judicial. «Cuando los corruptos no son castigados, se les alienta a seguir corrompiendo», afirmaron, realzando la importancia de que la Justicia actúe con firmeza ante situaciones que afectan la integridad del sistema judicial. En su opinión, es fundamental que la Corte de Apelaciones considere la gravedad del caso y reitere que la justicia debe ser igual para todos, sin distinción de poder.
Desde la perspectiva del Tribunal, la jueza Díaz Muñoz defendió su resolución al señalar que la prisión preventiva había convertido a Hermosilla en víctima de una ‘pena anticipada’, ya que había estado siete meses en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. La magistrada optó, por lo tanto, por una alternativa menos severa, lo que generó críticas al considerar que esto podría debilitar la lucha contra la corrupción. Su argumentación ha encendido aún más el debate sobre la aplicación de la ley en casos de alta complejidad y lo que significa para la confianza pública en el sistema judicial.
Por su parte, el fiscal Felipe Sepúlveda de la Fiscalía Metropolitana Oriente minimizó el impacto de la decisión del Tribunal, destacando que la resolución respaldó la labor fiscal en varios aspectos clave del caso. A pesar de esto, confirmó que la Fiscalía apelará para restablecer la prisión preventiva, argumentando que la liberación de Hermosilla representa un peligro para la seguridad pública. Así, la controversia se intensifica, tejiendo un discurso más amplio sobre la corrupción y la justicia en Chile, mientras se espera la respuesta de la Corte de Apelaciones en este caso emblemático.














