El Gobierno chileno ha tomado una medida drástica al solicitar cuatro nuevas indagaciones dentro del plan de Inspección Total al Estado, en respuesta a graves irregularidades detectadas en la rendición de cuentas de transferencias a fundaciones y la contratación pública. Según un informe de T13, estas investigaciones se enmarcan en el contexto de más de 1,4 billones de pesos en transferencias a organizaciones que no están acreditando adecuadamente la rendición de esos fondos. La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo Gamboa, subrayó la necesidad de estas acciones como parte del compromiso del gobierno para proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado ante potenciales malversaciones.
Las alarmas se encendieron tras el descubrimiento de que entre los años 2022 y 2026, se ejecutaron transferencias por un total de 5,4 billones de pesos a diversas fundaciones, de las cuales más de 1,4 billones no han presentado la documentación necesaria para demostrar la correcta utilización de esos recursos. Según se ha informado, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) es una de las entidades más afectadas por esta falta de rendición, junto con el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura. La creación de 177 nuevas fundaciones durante este periodo, que recibieron más de 11 mil millones de pesos, ha complicado aún más la situación que ahora exige una revisión total de sus cuentas.
En particular, el informe destaca preocupaciones sobre el hecho de que el 60% de las fundaciones reconocidas, más de 6.500 millones de pesos, no presentan rendiciones de cuentas adecuadas. De las 177 fundaciones interpeladas, 79 no tienen ningún registro de rendición ante el Estado. Castillo Gamboa enfatizó que «la responsabilidad del Estado no termina en la transferencia de recursos; debe garantizar que cada peso sea ejecutado y auditado correctamente, y esto incluye la verificación caso por caso de posibles faltas o incumplimientos por parte de las fundaciones y los organismos responsables».
En respuesta a esta crisis de rendición, el Ejecutivo ha determinado que las investigaciones se llevarán a cabo en los Ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud. Cada ministerio se encargará de analizar distintos aspectos de la gestión de recursos públicos. Por ejemplo, en el Ministerio del Deporte, la indagación se enfocará en el Instituto Nacional de Deportes, mientras que en el Ministerio de Energía se evaluará el desempeño de la Agencia de Sostenibilidad Energética. En Agricultura, la supervisión examinará a los organismos ejecutores de recursos, y en Salud, las revisiones abarcarán desde las compras hasta las contrataciones realizadas por diversas subsecretarías y servicios dependientes.
La alerta emitida por la Segpres y las posterioridades que serán realizadas reflejan un importante paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, particularmente en lo que respecta a la ejecución de fondos destinados a iniciativas que deberían beneficiar a la ciudadanía. Estas investigaciones no solo tienen como objetivo recuperar la confianza en el manejo de recursos del Estado, sino que también pretenden establecer un precedente en la rigurosidad de la gestión pública, asegurando que todos los organismos rindan cuentas sobre el uso de los fondos públicos que recibieron.
