El fiscal nacional, Ángel Valencia, no descartó la posibilidad de que las recientes filtraciones de investigaciones penales pudieran tener su origen dentro de la misma Fiscalía. Durante una conversación con la radio ADN, Valencia se refirió específicamente a la divulgación de chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, ambos miembros del Partido Comunista (PC). Esta exposición destacó la fragilidad del manejo de la información en la institución, abriendo un debate sobre el control y la protección de datos sensibles en el ámbito judicial.
Valencia comentó que, aunque no se pueden evitar todas las filtraciones, el problema se debe a «un mal diseño legal» que afecta la forma en que se manejan las investigaciones. Ante esta situación, el fiscal ha dado instrucciones para implementar mejoras, como la inversión en nueva tecnología y la adopción de criterios más rigurosos para los persecutores. Resaltó que, en algunas ocasiones, los informes sobre las investigaciones son entregados con partes tachadas para proteger la información confidencial, lo que de alguna manera intenta contrarrestar la exposición no autorizada a los medios de comunicación.
En sus declaraciones, Valencia fue claro al señalar que las filtraciones a la prensa podrían no proceder exclusivamente de la Fiscalía. Según sus palabras, «no se puede descartar que haya filtraciones que se originen en la Fiscalía», pero también afirmó que los datos que se publican no siempre reflejan la realidad. El fiscal excluyó cualquier insinuación de que existiera una operación política encubierta dentro del organismo, declarando que se siente confiado de que tales filtraciones no provienen de la Fiscalía Nacional ni de su unidad.
Otro punto importante que abordó el fiscal fue la insuficiencia de las sanciones vigentes para quienes realizan filtraciones a la prensa. Valencia argumentó que las leyes actuales permiten acciones que son poco efectivas en disuadir este tipo de comportamientos, e incluso señaló que en algunos casos no se establecen sanciones para quienes dan información a los medios. Explicó que se debe reformar el proceso legal para permitir que ciertos antecedentes privados sean excluidos de la entrega de copias, evitando así la necesidad de tachar información sensible.
Valencia concluyó que no se puede responsabilizar a la Fiscalía por actos de terceros, especialmente cuando están obligados legalmente a proporcionar copias de la información a diversas partes en un caso. La reforma de la legislación es vital para garantizar la protección de datos y la integridad de las investigaciones. El problema estructural y el marco legal defectuoso en la entrega de información ha demostrado ser un reto constante para la Fiscalía, lo que motiva a Valencia a buscar soluciones efectivas que prevengan futuras filtraciones.














