La Controlaría General de la República ha recomendado la destitución del subcomisario Gonzalo Fuentes, quien se desempeñaba en la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Calama. Esta decisión se produce tras el descubrimiento de que Fuentes extravió una prenda clave perteneciente a una víctima en una grave investigación de violación grupal que involucra a jugadores de las divisiones inferiores del club Cobreloa, un hecho que tuvo lugar la madrugada del 18 de septiembre de 2021. La prenda en cuestión, un vestido negro, fue incautado por Carabineros de Calama y posteriormente entregado a la PDI en lo que debía ser una cadena de custodia, sin embargo, su pérdida ha generado serias dudas respecto al manejo de la evidencia en este delicado caso.
El vestido negro, crucial para la reconstrucción de los hechos y la verificación de la denuncia, se perdió en un contexto donde ya se había cuestionado la efectividad del proceso policial. Patricia Muñoz, abogada querellante, ha calificado el extravío como una «manifiesta negligencia» que se suma a las irregularidades previas en el caso. A pesar de los errores de procedimiento, Muñoz hizo hincapié en que la solidez del caso no se ve comprometida y que continuarán insistiendo en la persecución penal de los nueve imputados, quienes son señalados por la joven como responsables del ataque.
La destitución de Fuentes está ahora en manos del director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, quien deberá evaluar el informe de la Controlaría y decidir el futuro del subcomisario. Este tipo de decisiones son esenciales no solo para mantener la integridad del proceso penal, sino también para rescatar la confianza del público en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. La pérdida de evidencia crítica en casos de violencia sexual no solo complican los procesos judiciales, sino que también reafirman la necesidad de una mayor capacitación y protocolos más estrictos dentro de las fuerzas policiales.
Por otro lado, este caso también pone de manifiesto la importancia de un seguimiento adecuado a las denuncias de agresión sexual, dado que la denuncia original de la víctima fue ignorada durante un tiempo considerable, lo que retrasó el proceso de justicia. Este hecho ha sido objeto de críticas tanto por parte de la comunidad como de expertos en derechos humanos, quienes argumentan que la respuesta del sistema judicial frente a estos casos debe ser inmediata y efectiva. Cualquier tipo de dilación no solo afecta a las víctimas, sino que también pone en riesgo la posibilidad de asegurar justicia en estos terribles delitos.
El caso de la violación grupal denunciada por la víctima y la consiguiente pérdida del vestido negro representa una crisis de confianza en las instituciones policíacas y judiciales. Mientras los imputados continúan enfrentando cargos, la comunidad exige medidas concretas que eviten que situaciones similares se repitan en el futuro, así como un compromiso real para garantizar que todas las denuncias sean tratadas con la seriedad y urgencia que requieren. En definitiva, la política de transparencia y la rendición de cuentas en la PDI se convierten en temas centrales que deben abordarse para restaurar la fe pública en la institución.














