En 2024, la ONG Escazú Ahora ha alertado sobre un alarmante incremento de las agresiones físicas contra defensores del medioambiente en Chile, triplicándose en comparación con el año anterior. Según su segundo informe anual, se registraron 47 casos de violaciones de derechos, que afectaron a 27 personas defensoras, revelando que el 48,9% de los ataques fueron de carácter físico. Esta es la primera vez que se cuentan los datos de manera interanual, permitiendo evidenciar no solo un aumento en la cantidad de agresiones, sino también en la brutalidad de las mismas, lo que plantea serias interrogantes sobre la protección de estos activistas críticos para la conservación del medioambiente.
Joaquín Salinas, investigador principal del informe, subrayó la creciente peligrosidad que enfrentan quienes defienden el medioambiente en Chile, afirmando que «el Estado ha fallado en su deber de protección». Este incremento en la violencia ha visto una transición de amenazas a ataques físicos directos, lo que hace que la lucha por la protección ambiental se asemeje a un acto de valentía extrema, donde la vida de los activistas está constantemente en riesgo. Las palabras de Salinas enfatizan que no se puede permitir que la defensa del medioambiente se convierta en un acto de sacrificio que podría resultar en la muerte.
Un punto destacado del informe es la desproporcionada vulnerabilidad de las mujeres defensoras del medioambiente, quienes, aunque el número total de afectados es casi igual entre hombres y mujeres, el 70,2% de los casos de agresiones estuvo dirigido hacia ellas. Estas defensoras han sido objeto de amenazas reiteradas durante el año, enfrentando una violencia persistente que varía desde amenazas hasta ataques físicos. La editora del informe, Francisca Stuardo, enfatiza la necesidad urgente de abordar esta problemática, ya que refleja no solo una crisis de derechos humanos, sino también una clara brecha de género en la defensa ambiental.
El informe también revela que el sector forestal es el principal responsable de las agresiones, concentrando el 38,3% de las amenazas reportadas y el 91,3% de los casos de violencia física. Le siguen el sector de saneamiento ambiental y el sector energético, cada uno con un 17%. Esta situación demuestra que hay un patrón preocupante en la relación entre ciertos sectores económicos y las violaciones a los derechos de quienes luchan por el medioambiente, lo que pone de relieve la necesidad de una reforma amplia que involucre a todos los actores involucrados.
Uno de los aspectos más alarmantes es el nivel de impunidad que rodea estos casos en Chile. Del total de acciones judiciales planteadas, se observó que 25 casos permanecen sin resolución después de más de seis meses, y solo uno fue favorable. Además, un 38,2% de las defensoras optaron por no denunciar, lo que sugiere una falta de confianza en el sistema judicial. Ante esta grave situación, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados ha comenzado a discutir un proyecto de ley para proteger a los defensores ambientales, con la esperanza de que su aprobación sea rápida y efectiva, reconociendo que «la legislación actual es insuficiente» para proteger vidas en riesgo.














