El aumento de la desocupación en Chile ha reabierto el debate sobre la efectividad de las medidas propuestas para enfrentar la crisis laboral. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo alcanzó el 9,4% durante el trimestre marzo-mayo, siendo este el registro más alto desde el año 2021. Este dato alarmante se acompaña de un informe que revela que el crecimiento del empleo durante el último año se ha dado exclusivamente en el sector informal, mientras que el empleo formal ha vuelto a caer. Esta situación pone en la mira la hoja de ruta de 22 propuestas que la Mesa de Reactivación Laboral entregó recientemente al Gobierno para abordar la crisis del empleo.
Pedro Matamala, socio de Provoste Matamala, expresó su preocupación por la capacidad real de las medidas propuestas para hacer frente a la creciente crisis laboral. A su juicio, aunque el diagnóstico presentado en el informe sobre el mercado laboral es correcto y las propuestas son técnicamente bien elaboradas, estas podrían estar más orientadas a reformas estructurales que a una estrategia urgente de reactivación, especialmente en un contexto donde la tasa de desempleo se aproxima al 10%. ‘Cuando el desempleo bordea el 10%, las prioridades no pueden medirse en años’, afirmó Matamala, resaltando así la necesidad de soluciones inmediatas.
El deterioro del mercado laboral también ha mostrado una marcada desigualdad entre las distintas regiones del país. Por ejemplo, la Región del Maule reportó el mayor aumento en la desocupación, con un alza de 2,7 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, atribuido principalmente a la caída en sectores como la fruticultura y la pesca. Igualmente, en la Región de O’Higgins, la disminución de la actividad minera ha afectado la generación de empleo formal y ha impactado negativamente en los salarios. En el caso de Valparaíso, la tasa de desempleo ha alcanzado el 10,3%, consecuencia del crecimiento de la fuerza laboral que no ha sido acompañado de nuevos puestos de trabajo.
Matamala también subrayó la escasa consideración de la viabilidad jurídica y política de muchas de las recomendaciones propuestas. Resaltó que en Chile la mera modificación de una ley no asegura resultados efectivos, dado que la interpretación de la legislación por parte de la Dirección del Trabajo y los tribunales es crucial. ‘Si este factor no se incorpora en el diseño de las reformas, existe un alto riesgo de que estas generen frustración en lugar de soluciones’, advirtió el abogado, enfatizando la necesidad de un enfoque más realista.
Los desafíos no terminan aquí, ya que la implementación de estas propuestas también presenta obstáculos desde el punto de vista fiscal y regulatorio. Matamala indicó que varias sugerencias que implican un mayor intercambio de información pública no consideran adecuadamente las exigencias de la nueva Ley N° 21.719 sobre protección de datos personales. ‘Modernizar el mercado laboral es indispensable, pero debe ser un proceso realista. Las políticas públicas necesitan ser técnicamente sólidas, jurídicamente viables y fiscalmente sostenibles. Sin estos elementos fundamentales, incluso las mejores ideas corren el riesgo de permanecer en el papel’, concluyó Matamala.
