Las repercusiones por las escuchas telefónicas relacionadas con la investigación del caso Procultura continúan generando controversia en el ámbito político chileno. El caso, que investiga un posible fraude de fondos públicos a través de la Fundación Procultura, ha tenido un desarrollo significativo desde que en octubre del año pasado la Policía de Investigaciones (PDI) registrara una conversación entre el presidente Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus. En este contexto, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, lidera una pesquisa que ya ha suscitado el interés de la opinión pública debido a la cercanía de Huneeus con Larraín, director ejecutivo de la fundación, y exesposo de la doctora.
La conversación entre Boric y Huneeus es la única grabación en poder de la fiscalía que involucra al presidente, lo que ha causado inquietud entre los miembros del oficialismo y ha alimentado rumores de nuevas adversidades legales para el gobierno. La interceptación del teléfono de Huneeus había sido autorizada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta a solicitud del fiscal Cooper, quien buscaba pistas que respaldaran las acusaciones de lavado de dinero y otros delitos relacionados con la administración de casi 6 mil millones de pesos en fondos públicos por parte de la fundación.
La atención mediática se intensificó el 28 de abril cuando se conoció que el fiscal Cooper había buscado intervenir el teléfono del presidente Boric, aunque dicha solicitud fue rechazada por el tribunal correspondiente. Sin embargo, el caso ya había captado el interés público tras la revelación de que el teléfono de Miguel Crispi, exjefe de asesores de Boric, había sido interceptado. Ciper ha confirmado que la única grabación que existe hasta ahora en el marco de esta investigación no involucra a Crispi, sino exclusivamente a la conversación del mandatario con Huneeus.
En total, la fiscalía ha intervenido al menos 42 líneas telefónicas como parte de la indagatoria, que involucra a personal de la Fundación Procultura y al Ministerio de Vivienda. Esto incluye dispositivos utilizados por empleados de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y otras autoridades regionales. A pesar de las numerosas solicitudes de interceptación presentadas, aún no se han podido identificar a los usuarios de 15 números intervenidos, lo cual genera más incertidumbre en torno a la magnitud y las implicaciones del caso Procultura.
La situación se vuelve cada vez más compleja con el nuevo liderazgo del fiscal Cooper, quien asumió el caso tras la suspensión del anterior fiscal regional, Carlos Palma, vinculado a irregularidades en la elección del fiscal nacional. Bajo la dirección de Cooper, la investigación sigue acumulando información sobre contratos y convenios firmados por Larraín con organismos del gobierno. Los detalles sobre las irregularidades detectadas en estas transacciones financieras, junto con los montos involucrados, atizan el fuego de un escándalo que ya proyecta sombras sobre la administración de Boric y su entorno político.
