Este jueves, la Fiscalía confirmó que no existen antecedentes suficientes para imputar delitos a Irina Karamanos en el contexto de la investigación del caso ProCultura. La decisión fue comunicada en un momento de alta expectación mediática, en el cual la figura de Karamanos había estado bajo el escrutinio público desde que se generaron acusaciones sobre su supuesta implicancia en actos de corrupción relacionados con la Fundación ProCultura. La socióloga había comparecido ante el Ministerio Público en noviembre del año pasado en calidad de imputada, donde defendió su inocencia al afirmar que era «falso» que ella hubiera realizado transferencias de dinero irregulares.
La excoordinadora sociocultural, Irina Karamanos, había sostenido que, tras la difusión de información falsa en la prensa, decidió acudir voluntariamente a la Fiscalía en La Serena para aclarar su situación. En su declaración pública, destacó que su intención era despejar cualquier malentendido sobre su rol en estos eventos. Esta fue una strategia que puso en marcha para asegurar que los hechos se explicaran con claridad, evidenciando así su disposición a colaborar con la justicia, aun cuando las acusaciones fueran infundadas.
Por otro lado, el informe de la Policía de Investigaciones (PDI) ha catalogado el caso de ProCultura como uno de los más relevantes dentro del denominado Caso Convenios, que indaga sobre posibles irregularidades en diversas administraciones regionales del país. La investigación ha arrojado a la luz un notable incremento de recursos fiscales que recibió la Fundación ProCultura en el año 2022, lo que ha levantado sospechas sobre la gestión de los dineros públicos y la posibilidad de conductas delictivas. Este contexto ha generado un clima de gran tensión y controversia en el sector político.
En una nueva fase del caso, los abogados de Karamanos han solicitado el acceso a la carpeta investigativa para analizar los documentos relacionados con la causa. Sin embargo, este pedido fue rechazado por la Fiscalía, ya que la excoordinadora ha pasado de ser imputada a ser considerada testigo en este proceso. Esta distinción es crucial, puesto que implica que ahora Karamanos no tendrá acceso a la totalidad de los antecedentes del caso, excepto a su propia declaración, dado que ya no se le considera una interviniente activa en la investigación.
Finalmente, la Fiscalía ha dejado claro que el cambio en la calidad de Karamanos se debe a la falta de evidencias que le atribuyan alguna participación en los delitos que se están investigando. Desde la institución se afirma que «no existe ningún antecedente que permita atribuirle participación en los hechos investigados», lo cual ha reafirmado la situación de la excoordinadora. Este giro en la trama del caso ProCultura plantea nuevas preguntas sobre la responsabilidad en la gestión de recursos públicos y la transparencia de las organizaciones beneficiadas.
