El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este viernes una querella criminal en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. Esta acción legal incluye cargos por delitos graves como revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial, todos ellos vinculados al conocido «Caso Audios». La denuncia no solo afecta a la magistrada, sino que también involucra al abogado Luis Hermosilla, quien es señalado como autor del delito de soborno, según lo estipulado en los antecedentes de la querella.
Los hechos que explican esta querella se remontan a cuando Verónica Sabaj ocupó el cargo de jueza en el 3º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Durante este tiempo, habría mantenido contactos con Hermosilla, donde se evidencian solicitudes de beneficios tanto para ella como para terceros. La investigación sugiere que estas comunicaciones comprometieron su independencia e imparcialidad, lo que se refleja en diversas resoluciones judiciales consignadas en el documento de la querella.
A medida que avanzó su carrera y Sabaj asumió la ministra de la Corte de Apelaciones, la relación con Hermosilla no solo persistió, sino que se intensificó. La querella indica que Sabaj continuó realizando solicitudes a Hermosilla para asegurar nombramientos en el ámbito judicial y favorecer a otras personas, lo que pone en tela de juicio la ética y objetividad que se espera de un funcionario judicial en su postura actual.
Es importante mencionar que durante el periodo en que se cometen estos ilícitos, Luis Hermosilla se desempeñaba como funcionario del Ministerio del Interior, lo que añade una capa de complejidad al caso. La acusación se presentó formalmente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se espera que se tomen medidas efectivas tanto contra Sabaj como contra todos aquellos que pudieran resultar implicados en este escándalo.
La presentación de esta querella genera un fuerte impacto en el ámbito judicial, ya que instaura un precedente sobre la necesidad de mantener la integridad en la función pública. La ciudadanía observa con atención cómo se desarrollarán los procesos judiciales posteriores, así como las posibles repercusiones que podría tener esta situación para la carrera de la ministra Sabaj y su entorno cercano en el sistema judicial chileno.
