El Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana ha emitido un fallo que inhabilita a Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, para ejercer cargos públicos durante un período de cinco años. Esta decisión se produce tras una denuncia presentada por concejales de la comuna, quienes señalaron graves faltas a la probidad administrativa y abandono de deberes durante su gestión. Los mandatos de Barriga, en el cargo desde 2016 hasta 2021, se han visto empañados por serias irregularidades que ahora han llevado al tribunal a tomar esta drástica medida.
Entre las irregularidades señaladas en el fallo se encuentran modificaciones irregulares en la estructura municipal. Barriga emitió un decreto que alteró la administración de la municipalidad, reasignando facultades financieras y delegando firmas en funcionarios sin atribuciones adecuadas, lo que permitió gastos sin la debida fiscalización. Esta alteración en el manejo de la administración municipal ha suscitado graves inquietudes sobre la transparencia en la gestión financiera de la comuna.
Adicionalmente, la exalcaldesa se vio involucrada en el uso cuestionable de fondos para viajes internacionales. En 2019, organizó un viaje a Mendoza que carecía de justificación legal ni de un convenio oficial que respaldara dicha actividad, además de asignar viáticos a personal honorario sin normativa que lo facultara. Este tipo de acciones eleva la preocupación respecto al manejo ético de los recursos públicos y ha sido un punto clave en las acusaciones que le han sido dirigidas.
Asimismo, durante su gestión se encontraron deficiencias en la administración de servicios sanitarios. Barriga retrasó la entrega de información vital a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS), lo que impactó negativamente en la fiscalización del servicio municipal de agua potable, conocido como SMAPA. Esta situación no solo afecta directamente a la población de Maipú, sino que también pone de relieve una posible negligencia en la atención de necesidades básicas de la ciudadanía.
En respuesta a las acusaciones, Barriga ha rechazado las alegaciones y ha calificado la resolución como una maniobra política en su contra. A través de sus abogados, argumentó que todas sus acciones se llevaron a cabo dentro de sus facultades como autoridad comunal y negó cualquier daño a las finanzas de la municipalidad. Sin embargo, con la inhabilitación impuesta, Barriga se verá imposibilitada de postularse a cualquier cargo público hasta 2030. Además, si el Ministerio Público decide iniciar una investigación, podría enfrentarse a acciones legales adicionales, incluyendo cargos por malversación de fondos.
