La violencia en los establecimientos educativos en Chile ha alcanzado niveles alarmantes, como lo evidenció el reciente incidente en Pitrufquén, donde un estudiante agredió a su compañero con un arma de fuego dentro de un aula. Este hecho violento ha puesto de manifiesto la grave crisis de convivencia escolar que se vive en el país. Otros acontecimientos, como la implementación de pórticos de seguridad en un liceo de Temuco para prevenir el ingreso de armas, y la brutal paliza de un estudiante a una profesora en la región de Ñuble, que resultó en una fractura de cráneo para la educadora, reflejan un deterioro preocupante en las condiciones de seguridad de los docentes y del ambiente escolar. Estas situaciones han generado un fuerte llamado a la acción desde diferentes sectores educativos.
La Asociación de Educadores de Chile (ASEDUCH) ha manifestado su profunda preocupación ante este escenario y ha instado al Gobierno y al Congreso a priorizar el debate sobre el proyecto de ley de convivencia y buen trato escolar. La urgencia de esta legislación es crucial para prevenir y detener la violencia que se ha normalizado en las aulas. Pablo Gaete, coordinador de ASEDUCH en Ñuble, enfatizó que lo ocurrido en Trehuaco es solo un ejemplo de una problemática más amplia que enfrenta la educación en el país. Según él, es fundamental establecer normas que no solo protejan a los educadores, sino que también reconozcan su labor como una profesión de alto riesgo.
En su intervención, José Luis Velasco, presidente de ASEDUCH, subrayó la necesidad de no normalizar la violencia en las aulas, enfatizando que tanto educadores como estudiantes merecen un espacio seguro para el aprendizaje. Velasco instó a la implementación de estrategias preventivas, definiciones normativas claras y la asignación de recursos suficientes para garantizar la seguridad en las instituciones educativas. Su propuesta busca no solo proteger a la comunidad escolar de episodios violentos, sino también restaurar un clima propicio para el aprendizaje y la enseñanza.
Sergio Godoy, director ejecutivo de ASEDUCH, declaró que la situación actual representa una crisis sin precedentes en la seguridad escolar, donde la violencia no solo impacta a los alumnos, sino que también pone en riesgo la integridad de los docentes y afecta el proceso educativo en general. Godoy hizo un llamado contundente al Gobierno para que actúe con determinación y acelere la implementación de medidas concretas que enfrenten este serio problema, resaltando que el bienestar de los estudiantes y educadores está en juego.
Finalmente, desde ASEDUCH se ha reiterado que la educación no puede desarrollarse en un entorno marcado por la violencia y la delincuencia. La Asociación exige acciones inmediatas para evitar que las escuelas se conviertan en zonas de riesgo y enfatizan la importancia de priorizar la seguridad escolar como una urgencia nacional. Velasco concluyó que las leyes existentes, como la Ley de inclusión y la Ley TEA, aunque bien intencionadas, han resultado en desafíos que no han sido afrontados adecuadamente. Esta situación ha llevado al estrés y angustia entre los educadores, los cuales se encuentran desbordados por la falta de recursos y apoyo para manejar situaciones cada vez más conflictivas en las aulas.
