Durante la mañana de este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI), junto con la Fiscalía, llevó a cabo un operativo en la oficina del ministro Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago. Este allanamiento se realizó en el marco de la investigación del Caso Hermosilla, donde se han revelado vínculos preocupantes entre el ministro y presuntos actos de corrupción. Con una autorización judicial formal, las autoridades incautaron diversos equipos electrónicos como parte de la recolección de pruebas que podrían esclarecer el rol de Ulloa en una serie de sobornos y filtraciones de información dentro del Poder Judicial.
El procedimiento, que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, se realizó en un contexto de creciente preocupación por la integridad del sistema judicial en Chile. La Fiscalía está investigando más a fondo ciertos nombramientos judiciales mencionados en chats entre el ministro Ulloa y el abogado Luis Hermosilla, que incluyen designaciones significativas en varias Cortes de Apelaciones, tales como Santiago, Talca y Valparaíso. Estas revelaciones, que salieron a la luz gracias a una investigación del portal Ciper, han encendido alarmas sobre la posibilidad de tráfico de influencias en el sector.
El Ministerio Público emitió un comunicado indicando que el día de hoy se llevó a cabo una «entrada, registro e incautación de diversos equipos electrónicos» tanto en la Corte de Apelaciones como en otros domicilios particulares relacionados con la investigación. Las autoridades han enfatizado la necesidad de seguir adelante con diversas diligencias para determinar la responsabilidad de los involucrados, en un esfuerzo por restaurar la confianza del público en el sistema judicial.
El Caso Hermosilla ha destapado una serie de irregularidades dentro del Poder Judicial, que han sumido en la incertidumbre la percepción pública sobre la justicia en Chile. Las investigaciones se centran en la conexión entre los mencionados chats y los procesos de nombramiento judicial, lo que podría revelar una red de corrupción que compromete la imparcialidad de las decisiones judiciales. La atención mediática y la presión pública han aumentado, demandando respuestas claras y contundentes de las autoridades.
A medida que avanza la investigación, se anticipa que la Fiscalía presentará nuevos hallazgos y evidencias en las próximas semanas, lo que podría llevar a más allanamientos o incluso a la acusación formal de los implicados. Este caso representa un punto de inflexión en la percepción de la justicia en Chile y podría tener repercusiones significativas en la política y en las instituciones judiciales del país, ya que la sociedad civil exige transparencia y justicia.
