La Contraloría General de la República ha hecho públicas una serie de irregulares detectadas en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) relacionadas con el funcionamiento de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). Según el Informe Final N° 450 de 2024, se evidenció que se entregaron 9.489 pases escolares a beneficiarios que no pudieron demostrar su calidad de alumno regular, lo que resultó en un gasto de $31.105.685. Este hallazgo ha llevado a la Contraloría a formular un reparo respecto al monto desembolsado, considerando que los procedimientos establecidos no se han seguido adecuadamente.
A partir de la información del informe, se destaca además que hasta enero de 2024, un total de 78.558 pases escolares no habían sido distribuidos a las unidades educativas, lo que plantea serias dudas sobre la eficiencia de la gestión realizada por Junaeb y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El tiempo de fabricación de las tarjetas varió entre 7 a 27 días hábiles, pero el proceso completo para que la TNE estuviera disponible se extendió entre 31 a 365 días corridos, lo que claramente se aparta de lo estipulado en el contrato firmado entre Junaeb y Correos de Chile.
Asimismo, en una revisión de 637 pases escolares emitidos entre los años 2015 y 2023, se constató que 105 de ellos seguían activos aun cuando la revalidación anual no se había realizado. Este hecho pone de manifiesto un posible manejo deficiente de los registros, lo que podría llevar a que alumnos que no cumplen con los requisitos continúen beneficiándose de un servicio que debería ser restringido. Particularmente, las tarjetas otorgadas entre 2019 y 2022 se encontraban activas antes de que fueran entregadas a los beneficiarios, lo que crea una inconsistencia alarmante en el sistema.
Las irregularidades se extienden a las validaciones realizadas en las Oficinas TNE en cuatro comunas de la Región Metropolitana, donde se encontraron diferencias en los inventarios por 3.853 TNE y 118 sellos, lo que sugiere una falta de control y seguimiento en la entrega y administración de las tarjetas. Esta situación podría perjudicar a estudiantes que realmente necesitan de este apoyo, al tiempo que evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos internos de Junaeb.
Debido a esta serie de anomalías, la Contraloría General de la República ha decidido iniciar un proceso disciplinario a fin de esclarecer las responsabilidades administrativas de los involucrados. Con este nuevo enfoque, se espera no solo identificar a los responsables, sino también implementar medidas correctivas que aseguren un mejor manejo de los recursos públicos destinados a la educación y el bienestar de los estudiantes en Chile.














