La postulante a decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, María Inés Horvitz, ha iniciado una serie de correos que han generado un amplio debate tras la reciente agresión sufrida por la diputada Javiera Rodríguez Pascual. Este episodio, que fue registrado públicamente y circulación en redes sociales, ha resaltado no solo la violencia política, sino también las tensiones subyacentes en el entorno académico. El agravio hacia la diputada, quien fue insultada y empujada dentro de la institución, despertó una reflexión colectiva entre académicos de diversas posturas, quienes coincidieron en expresar su desaprobación hacia los métodos de violencia y coacción en lugar de un debate democrático cordial.
En un correo enviado el 30 de mayo, Horvitz no solo condenó la violencia ejercida contra la diputada, sino que planteó cuestiones cruciales sobre los límites del disenso y la función educativa de la universidad en la construcción de una sociedad democrática. A través de un intercambio que involucró a académicos de distintas generaciones y orientaciones ideológicas, se estableció un consenso poco habitual en el clima político actual, abogando por un debate fundamentado en principios democráticos en lugar de la violencia o el desprecio. Este clima de colaboración destacaba la necesidad urgente de abordar cómo las autoridades universitarias han manejado estos casos y las implicancias que tienen en el ámbito académico.
La declaración enviada por Horvitz marcó un punto de inflexión en la discusión, al expresar su rechazo a las prácticas que, en su opinión, amenazan la convivencia y el respeto en el entorno universitario. Afirmó que «nunca debería ser válido recurrir a las ‘funas’ o la descalificación», indicando que estas actitudes reflejan una falta de argumentos sólidos. Al llamar la atención sobre la naturaleza de la Facultad de Derecho, enfatizó que su misión debería ser fomentar el debate basado en ideas y normas jurídicas, dejando en claro que cualquier forma de coerción política es incompatible con los estándares que debe mantener una institución que forma futuros juristas.
Las respuestas de otros académicos fueron unánimes en su respaldo a la postura de Horvitz, consolidando un consenso en torno a la necesidad de revisar el ambiente interno de la facultad. Personalidades como Jorge Ferdman expresaron su tristeza y vergüenza ante la situación, señalando que el clima de hostilidad y agresión perjudica la formación de estudiantes. La opinión compartida entre diversos docentes, que van desde constitucionalistas hasta especialistas en derecho internacional, fue que la violencia no solo es inaceptable, sino que además compromete la reputación y el rol público que debe desempeñar la universidad.
El intercambio de correos no solo abordó la agresión a la diputada Rodríguez, sino que también catalizó una discusión más amplia sobre la libertad de expresión y el pluralismo en las universidades. Este fenómeno se ha vuelto cada vez más alarmante, marcando una tendencia hacia la normalización de la cancelación y la represión de ideas contrarias. Horvitz describió el contexto político actual como uno que está «polarizado y que enfrenta ideologías extremas», lo que plantea retos significativos para la educación y el diálogo en la academia. Aunque el debate surgió en medio de un proceso electoral para el decanato, las implicaciones trascienden la simple competencia por un cargo, poniendo de manifiesto la necesidad de un diálogo constructivo que respete la pluralidad de ideas en el ámbito académico.
