La Fiscalía Metropolitana Oriente ha cerrado la investigación que implicaba a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y ha presentado formalmente acusaciones en su contra. Barriga enfrenta serios cargos que incluyen fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Estos delitos se han enmarcado en una pesquisa que se ha prolongado por casi dos años, llevándola a ser un foco de atención mediática y política en el país.
El cierre de la investigación fue anunciado por la jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, quien resaltó que ahora corresponde al tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral. Esto marca un avance significativo en un caso que ha suscitado numerosos debates sobre la ética en la administración pública y la transparencia en el uso de recursos fiscales. Barriga, quien fue una figura prominente en la política local, ahora se enfrenta a un futuro incierto ante la justicia.
Las acusaciones son graves y las penas que podrían derivarse de ellas también lo son. Cathy Barriga podría enfrentar una condena de más de 23 años de cárcel si es hallada culpable de los cargos presentados. Además de las sanciones de prisión, el Ministerio Público ha solicitado multas económicas que podrían afectar de manera considerable su patrimonio personal y ha exigido su inhabilitación absoluta para asumir cargos públicos en el futuro, lo cual podría marcar el fin de su carrera política.
Este caso ha abierto un debate sobre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la gestión de los recursos públicos. La situación de la exalcaldesa de Maipú ha generado reacciones diversas entre la población, algunos apoyan la transparencia y justicia, mientras que otros cuestionan la equidad del proceso judicial. La atención se centrará ahora en cómo se desarrollará la audiencia y en las pruebas que se presenten.
Finalmente, la Fiscalía ha reafirmado su compromiso con la lucha contra la corrupción y la protección del patrimonio público, reafirmando que estos pasos son necesarios para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La situación de Cathy Barriga es un recordatorio del escrutinio al que están sometidas las figuras políticas y de la responsabilidad que tienen frente a la gestión de los recursos del Estado. El país estará atento a los próximos pasos en este caso que podría sentar un precedente en la justicia de Chile.
