La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha impuesto una histórica multa de 35.450 UTM, equivalente a más de $2.433 millones, a 11 empresas del sector eléctrico debido a un severo corte de energía que tuvo lugar en agosto del año pasado. Esta sanción se origina en la tardanza que mostraron las compañías para restablecer el servicio, así como por deficiencias en el mantenimiento de sus infraestructuras y la falta de entrega de información a las autoridades competentes. El sistemático incumplimiento de las normativas por parte de estas empresas no solo pone en entredicho su compromiso con la calidad del servicio, sino que también afecta gravemente a los usuarios dependientes de una provisión eléctrica continua.
Entre las empresas sancionadas, destaca CGE, que ha recibido una multa de 6.000 UTM por su lenta respuesta para restablecer el suministro. Asimismo, CGE enfrenta otra multa significativa de 20.000 UTM debido a fallos en el mantenimiento de sus redes eléctricas en la región de O’Higgins. Otras empresas como SOCOEPA, SAESA y FRONTEL también han sido multadas, con sanciones que varían desde 300 hasta 3.000 UTM, reflejando la grave repercusión que estos cortes han tenido sobre la ciudadanía, en especial hacia aquellos que dependen de dispositivos eléctricos para su salud.
La superintendenta Marta Cabeza ha manifestado su firme expectativa de que estas sanciones sirvan como catalizador para que las empresas electricas implementen planes de mantenimiento adecuados que eviten futuros cortes de suministro. Cabeza subrayó que las compañías deben contar con los recursos necesarios para responder de manera oportuna ante fallas y que es imperativo establecer canales de atención al cliente que sean eficaces, especialmente para aquellos pacientes electrodependientes que requieren un suministro eléctrico constante para su bienestar.
La SEC destaca la importancia de que las empresas eléctricas asuman su responsabilidad en el mantenimiento de las redes para garantizar la calidad del servicio. La superintendenta enfatizó que los planes de acción desarrollados por las empresas solo tienen sentido si logran impactos positivos en la calidad del suministro eléctrico que reciben los ciudadanos. Este enfoque no solo busca penalizar a las empresas, sino también promover una cultura de proactividad en la gestión del sistema eléctrico del país.
El caso represente un claro llamado a la industria eléctrica para mejorar sus protocolos operativos y de comunicación con los usuarios. Con el aumento de la dependencia de la energía eléctrica en la vida cotidiana, es crucial que las empresas estén preparadas para afrontar contingencias y que refuercen sus infraestructuras. La SEC continuará monitoreando estos casos y espera que las sanciones impuestas sirvan de advertencia para que se tomen los correctivos necesarios, asegurando así un suministro más seguro y confiable para todos los ciudadanos.
