Nueve años después de la impactante catástrofe ambiental en el Archipiélago de Chiloé, la memoria colectiva vuelve a evocar el dolor de una de las peores crisis socioambientales de Chile, marcada por el vertimiento de miles de toneladas de salmones descompuestos en sus mares, seguido de una marea roja tóxica sin precedentes. En mayo de 2016, la indignación popular creció exponencialmente, resultando en una movilización histórica que abarcó 250 km de la Ruta 5. Bajo el grito de «¡Nos mataron el mar!», los habitantes de Chiloé expresaron su desesperación ante un desastre que, aunque autorizado por el Estado, devastó los recursos marinos necesarios para su subsistencia. Los salmones, cuya muerte fue un evento trágico por sí mismo, se convirtieron en el símbolo del conflicto entre las comunidades locales y la industria salmonera.
Los antecedentes de esta catástrofe se remontan a meses antes de las protestas, cuando un Florecimiento Algal Nocivo (FAN) ocasionó la muerte de 25 millones de salmones. Este evento fue atribuido a los efectos nocivos de las prácticas de la industria salmonera, que, como denunciaron las comunidades, utilizaban químicos tóxicos y fertilizantes en sus operaciones. Sernapesca informó que un gran porcentaje de los salmones muertos fue vertido irresponsablemente al océano, lo que provocó una devastación ecológica y el colapso de la pesca artesanal, principal fuente de ingresos para muchas familias locales. El mar, una vez abundante en recursos, se convirtió en un vertedero, afectando no solo la biodiversidad, sino también la cultura y economía de la región.
La legalidad de las acciones de las empresas salmoneras fue cuestionada, y en años posteriores la Corte Suprema dictaminó que el vertimiento de salmones fue ilegal, reafirmando que las autoridades responsables no cumplieron con la normativa necesaria para proteger el medio ambiente. Sin embargo, a pesar del fallo, la impunidad ha sido la constante, con ningún responsable sancionado hasta la fecha. Esto ha llevado a organizaciones como Defendamos Patagonia a recordar la lucha histórica del mayo chilote y a exigir justicia. Las barricadas y protestas se convirtieron en un emblema de la resistencia local, donde los pescadores, pobladores y estudiantes alzaron sus voces contra la depredación empresarial.
La tragedia del mayo chilote refleja un patrón más amplio de catástrofes ambientales ligadas a la industria salmonera que, desafortunadamente, no se limitan solo a Chiloé. Otros ecosistemas en Chile, como el fiordo Comau y el Parque Nacional Alberto de Agostini, han sufrido las mismas afectaciones por la misma industria. Estos lugares, que deberían ser protegidos, han enfrentado la introducción de nutrientes que generan algas tóxicas y alteran el equilibrio ecológico de sus respectivos hábitats. A pesar de las denuncias y demandas, las empresas continúan operando, perpetuando un ciclo de daño que amenaza la biodiversidad y la salud de los océanos chilenos.
A medida que se aproxima el aniversario del mayo chilote, es fundamental recordar que estas luchas no están olvidadas. La demanda por justicia y reparación sigue viva en las comunidades de Chiloé, que claman por un futuro en el que la soberanía alimentaria y la justicia ambiental sean prioridades. La advertencia del pasado sigue resonando: la industria salmonera debe ser reevaluada y regulada para prevenir futuras catástrofes. La lucha de Chiloé es un llamado a la acción, no solo para resolver las injusticias del pasado, sino para proteger el planeta y garantizar que no haya más «mares muertos» en el futuro.
