El Consejo para la Transparencia, organismo clave para asegurar la rendición de cuentas en la administración del Estado, ha anunciado la designación de Natalia González como su nueva presidenta. Esta decisión ha despertado un intenso debate en la sociedad chilena, considerando el historial controversial de González, quien ha estado vinculada a la Fundación Libertad y Desarrollo y ocupó un rol como ‘experta’ de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en el proceso constitucional que tuvo lugar recientemente. Su nombramiento resuena en un contexto ya de por sí tenso, donde las expectativas sobre la ética en la gestión pública son más críticas que nunca.
La figura de Natalia González ha cobrado notoriedad tras su intervención en el caso del senador Javier Macaya, quien ha enfrentado el escándalo por la condena de su padre, Eduardo Macaya Zentilli, por graves acusaciones de abuso sexual que incluyen a menores. En julio de 2024, González defendió al senador argumentando la necesidad de tratarlo con «cariño y respeto», un comentario que generó una oleada de reacciones negativas en redes sociales, en donde muchos criticaron su aparente falta de sensibilidad hacia las víctimas que han denunciado abusos.
Las declaraciones de González, en las que buscó desvincular la conducta de Macaya padre de su hijo, fueron duramente rebutadas por figuras políticas y sociales. Marcela Ríos, exministra de Justicia y Derechos Humanos, no escatimó en señalar que la falta de empatía hacia las víctimas es un tema ético grave en el actual contexto del país, donde los casos de abuso sexual han sido objeto de un creciente escrutinio público. Ríos enfatizó la necesidad de ser responsables en el discurso político, alertando sobre el peligro de invisibilizar el sufrimiento de quienes han sido víctimas de tales delitos.
Esta controversia en torno a la nueva presidenta del Consejo para la Transparencia resalta nuevamente las tensiones existentes en la política chilena. La figura de González parece desafiar no solo a la oposición, sino también a sectores de la sociedad civil que han luchado por un cambio en la particular forma en que se tratan las denuncias de abuso, tanto en el ámbito político como en el social. El hecho de que una abogada con su perfil asuma un rol tan relevante ha llevado a muchos a cuestionar las implicancias de su liderazgo en un organismo que debería ser símbolo de transparencia y ética en la gestión pública.
Con la llegada de Natalia González a la presidencia del Consejo, las miradas están puestas en cómo se manejarán estos delicados temas en la agenda nacional. La comunidad civil está alerta ante la posibilidad de que esto influya en la política de transparencia respecto a las denuncias de abuso y en la manera en que el Estado responde a ellas. Se anticipa que la labor de González se verá constantemente bajo el microscopio, no solo por las decisiones que tome, sino por la forma en que sus antecedentes y declaraciones previas puedan impactar la credibilidad del organismo y su misión de promover la transparencia en la administración pública.
