El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), junto a la Casa de Moneda de Chile y los gremios ANASAC, AFIPA e IMPPA, ha firmado un convenio de colaboración que establece una mesa de trabajo enfocada en el diseño de un piloto de trazabilidad y seguridad digital para productos fitosanitarios. Esta iniciativa busca identificar el origen de los productos, prevenir manipulaciones en su distribución y sentar las bases para una norma nacional de etiquetado. Con el respaldo del sector privado, se espera elevar los estándares regulatorios y transparentar la comercialización de insumos agrícolas, contribuyendo así a fortalecer la fiscalización dentro del sector.
La mesa de trabajo se centrará en el desarrollo de un piloto que validará un sistema de etiquetado utilizando tecnologías de seguridad avanzada, incluidas soluciones de la Casa de Moneda, como códigos QR seguros y elementos antifalsificación. Estas herramientas no solo aseguran la autenticidad de los productos, sino que también facilitan el rastreo operativo a lo largo de toda la cadena de distribución. Tal avance es crucial, especialmente en un contexto en el que Chile cuenta con más de 1.400 productos fitosanitarios autorizados y cerca de 300 empresas fabricantes e importadoras, donde las brechas en trazabilidad pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria.
Ángela Movillo, Gerenta Comercial de Casa de Moneda, resaltó la importancia de este convenio, subrayando el compromiso de la institución pública en desarrollar soluciones innovadoras que garanticen seguridad y trazabilidad en sectores clave de la economía chilena. «Este convenio representa una oportunidad para elevar los estándares del país y avanzar en una regulación moderna y efectiva”, afirmó Movillo, haciendo énfasis en cómo la Casa de Moneda aportará su experiencia para implantar un sistema robusto y auditable en alineación con las mejores prácticas internacionales.
El Director Nacional del SAG también destacó el papel fundamental de la trazabilidad como una garantía para los consumidores y una herramienta vital para la industria agrícola. «Hoy estamos dando un paso concreto para alinear la tecnología con un objetivo público: asegurar que cada producto pueda ser identificado y verificado desde su origen hasta su uso final”, declaró, enfatizando que este esfuerzo no solo es técnico, sino una responsabilidad del Estado hacia los ciudadanos.
Finalmente, líderes del sector privado, como María Beatriz Ceardi de ANASAC e IMPPA y Patricia Villarreal de AFIPA, coincidieron en la necesidad urgente de implementar mecanismos de trazabilidad para combatir el creciente mercado negro, que amenaza la seguridad de la agricultura en el país. Este esfuerzo colaborativo entre el sector público y privado se configura como un paso esencial para convertir a Chile en un referente en trazabilidad fitosanitaria, cumpliendo con los desafíos actuales de fiscalización, seguridad sanitaria y adaptándose a las exigencias internacionales.
