El Ministerio de Hacienda ha hecho público su sexto balance sobre los sumarios administrativos relacionados con el mal uso de licencias médicas, revelando que de las 28.028 personas involucradas, aproximadamente 25.810 enfrentarán un proceso de investigación. Estos números han aumentado en comparación con el informe anterior, donde se reportó la participación de 27.778 funcionarios. La Contraloría General de la República identificó irregularidades, incluyendo funcionarios que viajaron al extranjero durante períodos en los que declararon estar con licencia médica, lo que ha generado un intenso escrutinio sobre las prácticas laborales dentro del sector público.
Según el informe publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), actualmente hay 20.794 procesos en curso, de los cuales 562 han sido cerrados con una resolución ejecutoriada. De los funcionarios involucrados, 23.140 aún permanecen en sus puestos, mientras que 4.888 ya no están en la administración pública. De estos últimos, 2.670 están bajo investigación administrativa, destacando la seriedad con la que se están manejando los casos de licencias mal utilizadas, lo que pone de manifiesto un esfuerzo por mantener la integridad en el trabajo público.
La Contraloría ha emitido varios informes adicionales que intensifican la controversia al detallar casos de atención médica irregular, salidas al extranjero y asistencia a casinos durante licencias. De las causas por las que se aplicarán sumarios, se señala que el 35% son por viajes no autorizados fuera del país, lo que destaca un patrón alarmante de incumplimiento en costos económicos y éticos. Las conclusiones de estos informes han llevado al Ministerio de Hacienda a realizar esfuerzos significativos para abordar estos comportamientos inadecuados mediante procesos disciplinarios.
Los sumarios administrativos tienen un marco legal claro que establece diversas etapas y plazos específicos para garantizar que los derechos de los funcionarios acusados sean respetados. La investigación inicial tiene un plazo de 20 días hábiles, prorrogables a 60, y los funcionarios tienen derecho a presentar descargos y pruebas. Este proceso es fundamental para asegurar que cada acusación sea tratada con la debida diligencia, permitiendo que tanto la administración como los funcionarios involucrados participen de manera justa en la resolución de las controversias.
Finalmente, los costos asociados al mal uso de licencias médicas son significativos. Se estima que los funcionarios bajo investigación han recibido cerca de $36.008 millones en remuneraciones durante sus períodos de ausencia no justificados. Este hallazgo subraya no solo la dimensión económica de estas irregularidades, sino también la necesidad de regenerar la confianza del público en el servicio público, así como la urgencia de establecer medidas más efectivas que prevengan futuros abusos en el uso de licencias médicas.
