El tercer Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP), elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián (USS), reveló una realidad preocupante en la Región del Biobío: el 77% de los proyectos enfrentaron retrasos durante el último año. Este informe, que se presentó ante líderes gremiales, empresariales y autoridades locales, pone de manifiesto los serios obstáculos burocráticos que enfrenta la región, poniendo en riesgo su desarrollo económico. Las demoras en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) han llevado a que la tramitación promedio se extienda a más de 16 meses, lo cual contrasta de manera alarmante con los plazos de otras zonas del país.
Las cifras del informe son elocuentes: las pérdidas asociadas a los retrasos en la tramitación de los proyectos de inversión se estiman en cerca de US$170 millones para el año 2025, impactando directamente el costo económico regional. El costo de la ineficiencia burocrática representa el 5.7% del impacto económico total del país. El rubro energético es el más afectado, con un promedio de 571 días de tramitación en la región, lo que indica la necesidad urgente de revisar y agilizar estos procesos. Las autoridades locales han valorado el estudio de la USS, reconociendo que ofrece una medición concreta de los desafíos que enfrenta la economía regional.
A pesar de un panorama desalentador debido a la burocracia, el informe también destaca un dato optimista: la inversión aprobada por el SEIA en la región alcanzó los US$1.755 millones en 2025. Este número representa un impulso significativo en comparación con los años anteriores, evidenciando que, a pesar de las trabas, hay un potencial significativo de inversión en la región. Proyectos como el Parque Eólico Junquillos, que concentró el 32% de la inversión total aprobada, son un ejemplo del compromiso de los inversionistas con el desarrollo de la Región del Biobío, aún en medio de un contexto complicado.
El impacto de la burocracia no solo se siente en la economía, sino que también afecta gravemente el empleo en la zona. Con una tasa de desocupación que actualmente asciende al 9.8%, es crucial reactivar los proyectos paralizados, que podrían generar más de 1.000 empleos en construcción y operación si se aprueban con rapidez. El informe subraya que el desbloqueo de inversiones detenidas por un monto de US$518 millones podría reducir la tasa de desempleo regional en 0.1 puntos porcentuales, lo que se traduce en una mejora tangible para las familias de la región.
Finalmente, las conclusiones del informe han motivado a los actores presentes a buscar acuerdos entre el sector público y privado. La colaboración es clave para abordar la problemática de la permisología en Biobío, y se han puesto de manifiesto propuestas de encuentros más frecuentes entre la academia y las entidades regionales. Tanto el sector forestal como otros grupos económicos expresaron la necesidad de efectivamente potenciar el crecimiento. El seremi de Obras Públicas enfatizó la importancia de mantener una conexión activa entre la investigación y la política pública, lo cual es fundamental para crear un entorno que fomente la inversión y el desarrollo en la región.
