Esta semana, se dio a conocer un grave error administrativo por parte del Instituto de Previsión Social (IPS) que ha provocado la suspensión masiva de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para más de 13 mil adultos mayores en todo el país, según reporta ADN. Esta situación se origina bajo la premisa de que los beneficiarios afectados habrían permanecido fuera del país por más de 180 días. Sin embargo, diversas denuncias han surgido afirmando que muchos de estos ciudadanos ni siquiera poseen pasaporte o registros de salida, lo que pone en entredicho la validez de la información recabada por el IPS.
Ante la magnitud de este error, el IPS ha anunciado diversas medidas para corregir la situación y atender adecuadamente a los afectados. En su comunicado, la institución reconoció que varias personas notificadas han afirmado que no han incumplido el requisito de residencia. Por este motivo, se ha decidido mantener el pago del beneficio a medida que se realiza una nueva revisión conjunta con organismos externos encargados de la entrega de dicha información. Este proceso busca no solo garantizar los derechos de los beneficiarios, sino también esclarecer el malentendido generado por las notificaciones inconsistente.
El IPS también instó a la calma entre los beneficiarios de la PGU, asegurando que «ninguna persona se quedará sin su PGU si cumple los requisitos legales». Esto es crucial para brindar tranquilidad a miles de adultos mayores que dependen de esta ayuda económica. La institución se comprometió a hacer un seguimiento interno del caso y a informar a los afectados a través de sus canales de atención, lo que representa un esfuerzo por mejorar la comunicación y el servicio al usuario.
Es importante recordar que, de acuerdo con la Ley N° 21.419, se exige una revisión anual de los antecedentes de los beneficiarios para mantener el acceso a la PGU. La normativa estipula que aquellos que permanezcan fuera del país por un tiempo superior a 180 días consecutivos o discontinuos durante un año calendario deben perder el derecho al beneficio. Tras la reciente revisión, se determinó que alrededor del 0,4% de los beneficiarios, aproximadamente 8 mil personas, requerían una revisión más exhaustiva para garantizar el cumplimiento de esta normativa.
A pesar de la preocupación que ha generado el error administrativo, el IPS se esfuerza por minimizar el impacto en la población vulnerable. Entre los 2 millones 200 mil beneficiarios de la PGU, las autoridades aseguran que el número de afectados es relativamente pequeño, y que se tomarán las decisiones necesarias para que las personas afectadas reciban atención y respuestas adecuadas. La situación ha puesto de manifiesto la importancia de un sistema administrativo más eficiente y transparente que proteja los derechos de los ciudadanos más desprotegidos.
