La ministra del Interior, Carolina Tohá, dejó en claro este miércoles que el Gobierno no implementará una «amnistía general» para los migrantes en situación irregular en el país. Desde un punto de prensa, la autoridad reiteró que cualquier eventual proceso de regularización estará condicionado a requisitos estrictos y aún no ha sido confirmado oficialmente.
Proceso de regularización bajo evaluación
Tohá destacó que, a diferencia de la administración anterior, el Gobierno actual no otorgará un perdón amplio a los migrantes en situación irregular. “Cuando haya una regularización, el primer requisito será estar empadronado biométricamente”, precisó. Además, añadió que se exigirán otros criterios, como la ausencia de antecedentes penales, el arraigo laboral y familiar en el país.
La ministra enfatizó la necesidad de diferenciar entre quienes llegan a Chile para trabajar e integrarse y quienes lo hacen con intenciones delictivas. “Si queremos ser efectivos en la seguridad, con las personas que vienen a Chile a delinquir, tenemos que diferenciar ese grupo de las personas que vienen a integrarse, que quieren cumplir la ley”, señaló.
Tribunal Constitucional y las próximas decisiones
Tohá subrayó que cualquier anuncio formal sobre la regularización dependerá del fallo del Tribunal Constitucional, el cual está pendiente. “Hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie, es imposible echar a andar ningún proceso”, afirmó. Asimismo, recordó que las ideas del Ejecutivo sobre este tema están en etapa de análisis y diálogo.
En paralelo, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, reveló que más de 119 mil personas en situación irregular no se empadronaron en el proceso voluntario previo, por lo que deberán abandonar el país. También aclaró que los 180 mil migrantes que sí participaron en dicho trámite no serán regularizados automáticamente.
Debate político: el temor a un “efecto Cúcuta”
El precandidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, expresó sus reservas sobre la propuesta gubernamental, advirtiendo sobre un posible “efecto Cúcuta”. Según Mirosevic, podría repetirse una situación similar a la ocurrida en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando un gesto hacia los migrantes en la ciudad colombiana de Cúcuta fue interpretado como una invitación abierta para venir a Chile.
“Chile ya copó su capacidad de recibir migrantes hace mucho tiempo”, afirmó el diputado, alertando sobre las consecuencias políticas y sociales de una eventual regularización masiva.
Por su parte, la diputada Lorena Fries (Frente Amplio) recordó que el contexto actual es distinto al de la administración anterior. Según Fries, la iniciativa del Gobierno está dirigida únicamente a quienes ya residen en el país y cumplan con los requisitos establecidos, destacando que no se trata de una invitación abierta para nuevos migrantes.
Este debate sigue generando opiniones divididas en el ámbito político y social, mientras el Ejecutivo continúa evaluando los pasos a seguir en un tema que combina aristas de seguridad, derechos humanos y capacidad de acogida.
