La reciente declaración del exdiputado Gabriel Silber ha desencadenado una ola de nuevas revelaciones en el caso conocido como la trama bielorrusa, concentrando la atención en la exministra Ángela Vivanco. La Fiscalía Regional de Los Lagos investiga el papel de diversos actores en este escándalo, y Silber, a diferencia de otros imputados, ha optado por colaborar activamente con el Ministerio Público, ofreciendo su testimonio que pone en entredicho estrategias utilizadas para proteger intereses personales dentro del sistema judicial.
En su testimonio revelado por La Tercera, Silber detalla cómo en una reunión en marzo de 2024, Vivanco expresó su inquietud sobre la posible filtración de comunicaciones entre ella y el penalista Luis Hermosilla. Según Silber, esta preocupación llevó a Vivanco a sugerir acciones judiciales con el fin de evitar que los contenidos de esos chats se hicieran públicos. Dicha estrategia incluyó la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, aunque formalmente presentado por el abogado Mario Vargas, tenía como objetivo evitar la exposición de conversaciones que comprometían a Vivanco.
El recurso, que finalmente fue rechazado, expuso las dinámicas internas de colaboración y lealtad entre los abogados involucrados, según las afirmaciones de Silber. El exdiputado descartó que se hubiera realizado algún tipo de pago por estas gestiones, insistiendo en que el objetivo principal era asegurar el favor de Vivanco hacia Eduardo Lagos, una de las figuras centrales de esta red de influencias. Esto pone de manifiesto la forma en que intereses personales pueden entrelazarse con la administración de justicia en Chile.
Además de la protección de su cercanía con Hermosilla, el testimonio de Silber revela un plan más ambicioso elaborado por Vivanco para desestabilizar la Tercera Sala de la Corte Suprema. Según el relato, se busca inhabilitar o desacreditar a otros magistrados mediante denuncias administrativas. Este movimiento se materializó a través de la fundación «Quiero vivir sin delincuencia y corrupción», que actuó como vehículo para presentar acusaciones contra ministros, utilizando información confidencial que provenía directamente de Vivanco.
Estos esfuerzos para debilitar la posición de la Tercera Sala han sido calificados por Silber como una maniobra netamente estratégica, diseñada para garantizar el control del tribunal por parte de Vivanco. En su cierre, el exdiputado dejó claro su desacuerdo con estas acciones, resaltando que beneficiaban exclusivamente a la exministra y no a la justicia ni a sus clientes. Con esta serie de revelaciones, el caso bielorruso sigue tomando un giro inesperado, poniendo de manifiesto la complejidad y las implicaciones de las redes de poder en el sistema judicial chileno.
