El presidente Donald Trump ha marcado un hito en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba al declarar una emergencia nacional que impone severos aranceles a las naciones que suministren crudo a la isla. En una orden ejecutiva firmada el jueves, Trump describe las políticas del régimen cubano como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense. Esta medida, que se implementará a partir del 30 de enero de 2026, busca presionar económicamente a Cuba en medio de la interrupción del suministro de crudo de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro a inicios de este mes. La administración considera que la asfixia económica es clave para forzar un cambio de gobierno en La Habana, a pesar de los efectos devastadores que podría tener sobre la población cubana.
El mecanismo de sanciones anunciado se basa en la aplicación de aranceles ad valorem adicionales por parte de Estados Unidos a cualquier país que venda o proporcione petróleo a Cuba, incluyendo las transacciones a través de intermediarios. Este sistema será supervisado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien tendrá la responsabilidad de identificar a los proveedores y determinar la magnitud de los gravámenes. El secretario de Estado, Marco Rubio, podrá recomendar la extensión de estos aranceles en función de los hallazgos, con la intención de responsabilizar a los países que colaboran con el régimen cubano. Esta nueva postura se considera un paso drástico en la política de Estados Unidos hacia la isla.
Desde La Habana, las autoridades cubanas reaccionaron rápidamente, calificando estas medidas como un «bloqueo total» que pretende someter al pueblo cubano a condiciones extremas. El canciller Bruno Rodríguez se manifestó enérgicamente contra lo que llamó un acto de agresión, y denunció el uso de chantaje por parte del gobierno estadounidense para persuadir a otras naciones a unirse a esta política hostil. Rodríguez argumentó que la verdadera amenaza para la paz y la estabilidad en la región proviene de las acciones del gobierno de EE. UU., que busca desestabilizar el entorno geopolítico de América Latina en lugar de promover el diálogo y la cooperación.
La crisis energética en Cuba se ha vuelto crítica, subrayando los impactos de las nuevas sanciones. Actualmente, la isla depende en gran medida de la importación de combustibles, y se estima que necesita alrededor de 110,000 barriles diarios mientras que solo puede producir 40,000. Con la interrupción del suministro venezolano, la situación se ha complicado aún más. Las estimaciones revelan que Rusia y México son actualmente algunos de los pocos proveedores que quedan, y la situación pone en riesgo el obsoleto sistema eléctrico cubano, que depende en un 65% de plantas termoeléctricas en condiciones precarias. Este escenario plantea serias implicaciones económicas, especialmente si los suministros de combustible se ven severamente reducidos.
Analistas económicos advierten que el impacto de estas sanciones podría ser devastador para la economía cubana, con proyecciones que indican una posible caída del 27% en el Producto Interno Bruto si se reduce la disponibilidad de combustible en un 30%. Además, se estima que los precios de los alimentos podrían aumentar en un 60% debido a la crisis energética. La investigación ha revelado que Cuba ha estado revendiendo parte del petróleo venezolano a otros países, como China, para generar divisas vitales en un contexto de severa crisis económica. La escalada de tensiones entre Estados Unidos y Cuba sigue consolidando una difícil situación para el régimen y su población, mientras la comunidad internacional observa con preocupación.
