Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tomó la decisión histórica de dejar en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, debido a su formalización por los delitos de cohecho y lavado de activos. Este caso se enmarca en el controvertido conflicto legal entre la cuprífera estatal Codelco y la empresa CBM, y el tribunal, a cargo del magistrado Cristián Sánchez, consideró que existían pruebas suficientes para imputar a Vivanco, convirtiéndola en la primera exministra en la historia de la Suprema en enfrentar una pena de cárcel. Vivanco se encuentra en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino en San Joaquín, y su caso ha generado gran revuelo en el ámbito judicial y político del país, donde la transparencia en el poder judicial es un tema de creciente preocupación.
La investigación, que ha llevado a la ejecución de varias formalizaciones, ha revelado detalles alarmantes sobre la actuación de Vivanco mientras era parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema. A lo largo de 2023, se examinan especialmente sus decisiones que favorecieron a la empresa CBM en un caso complejo que involucra la exigencia de un pago de 17 mil millones de pesos a Codelco tras la terminación anticipada de un contrato de movimiento de tierras. Este contrato terminó bajo circunstancias cuestionables, relacionadas con un accidente laboral que resultó en la trágica muerte de un trabajador en 2022, un contexto que añade seriedad a las acusaciones contra la exministra.
Los elementos presentados por el Ministerio Público indican que Vivanco podría haber recibido sobornos del consorcio bielorruso CBM. En este sentido, la celeridad con la que tramitó ciertos fallos, que favorecieron a la compañía solicitante, ha suscitado sospechas sobre la licitud de sus acciones y su posible complicidad. De hecho, algunos de los fallos se gestionaron con una rapidez inusual para casos de tal magnitud, lo que ha llevado a múltiples críticas y a un examen minucioso por parte de las autoridades. Este escándalo judicial pone de relieve preocupaciones sobre la integridad de las decisiones tomadas por los altos magistrados del país.
La defensa de Vivanco, que también incluye a su pareja, Gonzalo Migueles, quien enfrenta la misma medida cautelar, ha manifestado su intención de apelar a la decisión del juez en un plazo de cinco días. En este contexto, el caso de la exministra no solo afecta su reputación personal y profesional, sino que también plantea serios cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial en Chile, así como sobre la independencia y la ética de los magistrados. Asimismo, actualmente se encuentran en prisión preventiva otros actores involucrados en el caso, como los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
La relevancia de este caso se extiende más allá de la esfera judicial, ya que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la regulación en las relaciones entre el sector público y las empresas privadas. La impacto de estos acontecimientos podría ser profundo y duradero, afectando la confianza pública en un sistema que históricamente ha enfrentado críticas por corrupción y falta de transparencia. A medida que la defensa de Vivanco se prepara para su apelación, el país observa atentamente el desenlace de un caso que podría sentar un precedente en la rendición de cuentas para aquellos que ocupan cargos de alta responsabilidad en el poder judicial.
