Un avión Hércules C-130, que transportaba millones de bolivianos en billetes recién impresos, sufrió un trágico accidente en la tarde del 27 de febrero, tras aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, en las proximidades de la ciudad de La Paz. De acuerdo con los informes, el avión se salió de la pista y recorrió casi un kilómetro antes de impactar con varios vehículos que transitaban por una carretera cercana. Las imágenes viralizadas en redes sociales muestran la magnitud del siniestro, donde el avión quedó completamente destruido, generando un incendio que requirió la intervención inmediata de brigadas de emergencia. Las autoridades locales reportaron al menos 15 personas fallecidas en el lugar, junto a un número indeterminado de heridos y daños en aproximadamente 15 vehículos.
El panorama se tornó más sombrío al confirmarse que la cifra de víctimas fatales había aumentado a 22, según lo anunciado por la Fiscalía General del Estado de Bolivia y el Ministerio de Salud. Entre los fallecidos hay una trágica inclusión: una bebé recién nacida. Los reportes iniciales de Bomberos mencionaban el rescate de 15 cuerpos, pero el trabajo forense, que incluye la recolección de pruebas y el levantamiento de cadáveres, reveló un saldo más impactante. La Fiscalía ha desplegado equipos especializados en el lugar del accidente, donde aún se encuentran restos de cuerpos que las autoridades deberán levantar con suma diligencia.
El director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, dio a conocer la cifra actualizada de heridos: 29 personas, entre las cuales hay 22 civiles hospitalizados y 7 miembros de la tripulación del avión. La tragedia ha movilizado recursos significativos en un intento por brindar asistencia a las víctimas. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha solicitado la movilización urgente de equipos forenses de todo el país para realizar los procedimientos necesarios y asegurar que ninguna evidencia sea perdida. Este desastre, protagonizado por un avión de carga de la Fuerza Aérea Boliviana, ha impactado no solo a las familias de las víctimas, sino a toda la nación.
El caos no se limitó al accidente en sí. Tras el siniestro, se desató un tumulto en el que numerosas personas intentaron recoger el dinero que había quedado esparcido por el lugar. Ante esta situación, el despliegue de unos 600 efectivos militares y 160 policías fue inevitable, dado el riesgo de saqueo. Testigos presenciales documentaron cómo los bomberos utilizaron agua para dispersar a las multitudes que intentaban recoger los billetes, mientras que las fuerzas policiales llegaron a emplear gases lacrimógenos para controlar la situación. La afluencia de personas al lugar ha puesto en riesgo el proceso de asistencia y rescate, complicando aún más la tragedia.
Finalmente, tras la caída del avión, las autoridades han informado sobre la detención de 50 individuos que fueron sorprendidos tratando de sustraer los billetes del lugar. Este hecho ha generado un debate sobre la respuesta de seguridad ante una tragedia de esta magnitud, y la seguridad de los bienes materiales en medio del dolor de las víctimas. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, ha resaltado la necesidad de una respuesta contundente ante estos actos, mientras el país se enfrenta al luto por la pérdida de vidas en un accidente que ha conmovido a toda la comunidad boliviana.
