La contralora Dorothy Pérez Gutiérrez presentó este miércoles un nuevo antecedente ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, en el contexto del análisis del informe final del organismo fiscalizador. Durante su intervención, Pérez ratificó que el Servicio Nacional de Migraciones aplicó criterios excepcionales para el ingreso de niños haitianos a Chile, una acción que se realizó sin el respaldo de atribuciones legales. Esta situación ha sido motivo de preocupación, dado que puede implicar irregularidades en el manejo de las políticas migratorias en el país.
En un momento clave de su exposición, la contralora reveló la existencia de una denuncia recibida en la Contraloría contra una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones. Según la denuncia, la funcionaria en cuestión habría recibido pagos ilícitos a cambio de acelerar la tramitación de documentos migratorios. Este tipo de acusaciones genera interrogantes acerca de la transparencia y eficiencia en los procesos migratorios de Chile, especialmente en un contexto donde se busca proteger a las poblaciones vulnerables.
Pérez fue clara al explicar que la Contraloría tenía limitaciones en el alcance de su investigación, enfatizando que no tiene la capacidad para perseguir penalmente los actos denunciados. «La Contraloría no tiene facultades de persecución penal como le corresponden al Ministerio Público; nuestra labor se centra en la investigación administrativa», comentó Pérez. A pesar de su esfuerzo por esclarecer la situación, reconoció que no se pudo acreditar los hechos denunciados de la manera que hubieran querido, lo que limita las acciones que se pueden tomar desde su organismo.
A pesar de no haber encontrado pruebas concluyentes en la investigación administrativa, la contralora no se quedó de brazos cruzados. En su intervención ante la comisión, aseguró que todos los antecedentes relacionados con la denuncia han sido enviados al Ministerio Público, quien ahora tiene la responsabilidad de realizar las diligencias pertinentes para investigar posibles delitos. Esta acción subraya la importancia de la colaboración entre diversas instituciones para abordar temas de potencial corrupción y garantizar que se sigan procesos adecuados en la gestión pública.
Este caso de irregularidades en el ingreso de niños haitianos a Chile enfatiza la necesidad de revisar y fortalecer las políticas migratorias del país. La intervención de la Contraloría y la posterior derivación de antecedentes al Ministerio Público son pasos significativos, pero es fundamental que las instituciones involucradas actúen con celeridad y rigor para restablecer la confianza ciudadana en el sistema migratorio y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La transparencia y la legalidad en estos procedimientos son esenciales para el bienestar de los ciudadanos y la protección de los derechos humanos.
