Este martes, la Corte de Apelaciones de Talca emitió un fallo significativo al aceptar el recurso de no innovar interpuesto por un deudor del Crédito con Aval del Estado (CAE) contra la Tesorería General de la República (TGR). Este recurso busca suspender el cobro que se estaba llevando a cabo, destacando que la ejecución de la medida sería desproporcionada y podría afectar gravemente la estabilidad económica del afectado y su grupo familiar, según informaron fuentes de BioBioChile.
El deudor argumentó que más de la mitad de sus ingresos, que ascienden a $1.6 millones, se destina a cumplir con responsabilidades legales, incluyendo pagos de pensiones de alimentos y dividendos. En este contexto, un eventual embargo o cobro podría ocasionar un perjuicio significativo a su situación financiera, lo que llevó a la corte a considerar las justificaciones presentadas y a actuar en consecuencia.
Tras la evaluación de los antecedentes, la Corte de Apelaciones determinó que había fundamentos suficientes para acoger el recurso. En consecuencia, la TGR se encuentra ahora en la obligación de «no innovar», lo que implica la suspensión de cualquier acción de cobro o embargo relacionado con la deuda del recurrente. Este desenlace es vital para el deudor, ya que le permitirá respirar un poco más aliviado mientras se resuelve el asunto.
Además, la TGR deberá presentar en un plazo de 8 días los antecedentes necesarios que permitan validar cualquier reclamación relacionada con la orden de embargo original. Este paso es crucial para que se puedan evaluar nuevamente las condiciones de pago y se protejan los derechos del afectado, quien ya enfrenta una carga económica considerable por sus obligaciones.
El caso ha generado interés dentro de la comunidad y ha resaltado la discusión sobre el impacto de las deudas y el sistema de créditos en la población. La Corte, al tomar esta decisión, no solo asume un rol protector hacia el deudor, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión de créditos y las salvaguardias necesarias para evitar situaciones de vulnerabilidad económica entre los ciudadanos.
