El debate por el Presupuesto 2026 continúa intensificando la tensión en La Moneda, con el congelamiento de salarios en el sector público como uno de los puntos más polémicos. La propuesta gubernamental ha generado preocupación y rechazo entre los gremios que advierten que es «inaceptable» que los trabajadores deban asumir los costos de un ajuste fiscal. Según un informe de BioBioChile, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se ha manifestado en contra de esta medida, enfatizando que no aceptarán que sus miembros paguen los platos rotos de un ahorro que debe ser asumido por el Estado. Las discusiones sobre el presupuesto han desatado acusaciones entre el oficialismo y la oposición, cada uno buscando establecer su postura sobre el manejo fiscal del gobierno.
Más allá de las críticas externas, el propio oficialismo ha comenzado a cuestionar la asignación de recursos para el futuro expresidente Gabriel Boric, quien recibiría 17 millones de pesos mensuales tras dejar la presidencia. El diputado Jaime Araya, de la bancada independiente PPD, ha solicitado modificar esta glosa, señalando que mantener esos recursos representa una «ley de amarre» que no hace justicia con la realidad económica que afecta a la ciudadanía. Esta situación ha sido exacerbada por la creciente presión social sobre el gobierno para que ajuste su política fiscal de manera que no sacrifique a los sectores más vulnerables bajo la premisa de la austeridad.
El clima actual es uno de creciente incertidumbre, no solo por el futuro de Boric, sino también por la propuesta de reajuste cero que ha encendido las alarmas entre los empleados públicos. La propuesta ha sido criticada por diversos líderes sindicales, con el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, liderando la campaña en defensa de un aumento salarial real. Díaz argumenta que los trabajadores no son responsables de los desajustes económicos del país y que es fundamental cerrar el periodo con un incremento en los sueldos que refleje el costo de vida. Esta exigencia, en un momento de inflación creciente, resuena con fuerza entre una fuerza laboral que siente que sus derechos están siendo erosionados.
La propuesta de Presupuesto 2026, que contempla un aumento general del 1,7% en el gasto, también presenta recortes significativos en programas públicos. Al menos 28 iniciativas se verán afectadas, con presupuesto de $0, como resultado de evaluaciones negativas o la consolidación de esfuerzos gubernamentales. La cartera de Desarrollo Social y Familia encabeza la lista con 11 programas eliminados, seguidos por Educación y Trabajo y Previsión Social. Esto plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno y su compromiso con sectores críticos como la educación y el bienestar social.
En este contexto de tensión y recortes, el Ejecutivo se encuentra defendiendo la «austeridad» como una necesidad, lo que ha llevado a una atmósfera de incertidumbre y ansiedad social. Los funcionarios públicos y sus representantes están organizando protestas y demandas más fuertes para exigir justicia salarial y un presupuesto más equitativo. Mientras tanto, el gobierno debe navegar estas aguas turbulentas, equilibrando sus compromisos fiscales con la necesidad de asegurar la estabilidad social y política. La expectativa es que, a medida que las deliberaciones sobre el presupuesto avancen, la presión por reformas más inclusivas en la política fiscal aumente.
