El Ministerio de Salud de Chile ha decidido tomar medidas firmes tras la denuncia de torturas sufridas por un trabajador del Hospital de Osorno entre 2018 y 2020. La titular de la cartera, ministra Ximena Aguilera Sanhueza, confirmó a través de redes sociales que el Minsal considera los hechos extremadamente graves y se encuentra realizando un seguimiento de las acciones legales que la Secretaría de Salud de Osorno ha iniciado frente a la justicia. Este anuncio se produce en un contexto donde la salud pública y el bienestar de los trabajadores son prioridad y se condena cualquier forma de abuso o violencia.
La denuncia se centra en un trabajador diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quien fue víctima de actos de una crueldad inusitada. Según testimonios y grabaciones que han circulado en medios, su agresor lo sometió a un trato humillante, lo que incluye ser desnudado, rapado y quemado con un limpiador de vapor caliente. Se menciona que al menos tres funcionarios del hospital participaron en estos abusos, convirtiendo un ambiente de trabajo en un escenario de terror y deshumanización para la víctima.
Los episodios de tortura que vivió el trabajador han sido descritos de manera desgarradora. Entre ellos se destaca un momento en el que fue amarrado y amordazado, mientras otros funcionarios se reían y documentaban la escena. Otro hecho alarmante ocurrió en un baño del hospital, donde lo desnudaron y raparon, dejando al descubierto su vulnerabilidad y sufrimiento. Estas acciones, que son consideradas inaceptables en cualquier entorno, se agravan por el contexto en el que ocurrieron, generando un fuerte rechazo dentro de la comunidad y entre los defensores de los derechos humanos.
A pesar de la gravedad de los hechos, la respuesta inicial por parte de la dirección del hospital no resultó en sanciones para los responsables, ya que un primer proceso de sumario no logró establecer consecuencias administrativs. Sin embargo, ante nuevos antecedentes que surgieron en 2024, la dirección del hospital ha decidido reabrir el sumario, lo que abre la posibilidad de una nueva evaluación y la implementación de medidas efectivas para sancionar a los implicados.
Este escándalo ha sacudido no solo al Hospital Base San José de Osorno, sino que también ha puesto de relieve la necesidad urgente de garantizar la protección de los derechos de todos los trabajadores, especialmente de aquellos que, como el denunciado, pueden ser más susceptibles a sufrir abusos. La comunidad local y diversas organizaciones están alzando su voz para demandar justicia y asegurar que períodos de impunidad como los que se han vivido no se repitan, destacando que la defensa de la dignidad humana debe prevalecer en todas las instancias laborales y sanitarias del país.
