El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, ha emitido una resolución de suspensión por dos meses al ministro Diego Simpértigue. Esta medida se produce en el marco de una investigación disciplinaria que está siendo llevada a cabo por el propio fiscal. La declaración que brindó Simpértigue ante el fiscal instructor el día de ayer fue crucial para la determinación de esta suspensión, que se efectúa cumpliendo con el plazo máximo establecido por la ley.
La decisión de suspender al ministro Simpértigue sigue a la apertura de un sumario en su contra por parte del Tribunal Pleno de la Suprema, la cual fue ordenada el pasado 14 de noviembre. Durante este proceso, se han comenzado a esclarecer los hechos que motivaron la investigación disciplinaria, incluyendo un viaje que realizó el ministro junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra imputado y en prisión preventiva por un caso que ha suscitado amplia atención mediática.
El inicio de la suspensión está programado para el martes 9 de diciembre, lo que significa que Simpértigue no podrá ejercer sus funciones ministeriales durante el período señalado. Esta acción se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre el comportamiento de los servidores públicos, lo que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción y la falta de ética en el ejercicio del cargo.
Cabe destacar que, además de la suspensión temporal, el ministro Simpértigue enfrenta una acusación constitucional presentada la semana pasada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Este proceso legislativo será paralelo a la investigación disciplinaria y podría tener repercusiones significativas en su carrera y en el funcionamiento del gobierno, dependiendo del desenlace.
La controversia que rodea este caso ha despertado un intenso debate en la opinión pública acerca de la responsabilidad y la transparencia de los funcionarios del Estado. Las comparaciones con otros casos de corrupción han surgido, generando un clamor por mantener estándares más altos de conducta entre quienes ocupan posiciones de poder. El procedimiento que sigue la Corte Suprema será vigilado de cerca tanto por los medios como por los ciudadanos, a quienes la justicia debe rendir cuentas.
