En un contexto de creciente preocupación por el medio ambiente, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha emitido una dura declaración pública sobre la reciente alianza entre el Estado chileno y la transnacional Río Tinto, en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio (ENL). En este mes de mayo, las empresas estatales han acelerado el anuncio de sus alianzas estratégicas, priorizando la explotación de litio en el país, lo que ha suscitado interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de esta colaboración, especialmente considerando el extenso historial de conflictos e impactos negativos que caracteriza a Río Tinto a nivel global.
Río Tinto ha sido elegida como socia preferente de Codelco y Enami para llevar a cabo proyectos significativos en los humedales altoandinos, incluyendo el polémico Proyecto Paloma en el Salar de Maricunga y el desarrollo del proyecto Salares Altoandinos. Sin embargo, esta elección no ha sido bien recibida por grupos ambientalistas y comunidades locales que advierten sobre los peligros de permitir que una empresa con un historial de daños ecológicos y conflictos con comunidades indígenas tenga un rol protagónico en la explotación de recursos naturales en Chile. OLCA recuerda que la empresa tiene un pasado turbio, relacionado con la degradación ambiental y la violación de derechos humanos en diversas partes del mundo.
Históricamente, Río Tinto ha estado en el centro de múltiples controversias. Por ejemplo, en Papua Nueva Guinea, su explotación de la mina de cobre Panguna estuvo ligada a un conflicto civil que devastó a la población local, mientras que en Mongolia, se ha acusado a la empresa de comprometer el suministro de agua vital para comunidades de pastores. Esta trayectoria de conflictos y abusos en otras naciones plantea serias dudas sobre la idoneidad de permitir que la empresa opere en Chile, especialmente en contextos que involucran ecosistemas frágiles y comunidades vulnerables.
La situación se agrava al considerar que el Estado chileno parece hacer caso omiso a estas denuncias internacionales. Al permitir que Río Tinto se convierta en un socio clave en la explotación del litio, se cuestiona la transparencia y los objetivos de la ENL, además de la falta de participación efectiva de las comunidades y el respeto por sus derechos. Recientemente, un informe de la Comisión investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM ha planteado preocupaciones similares, sugiriendo la anulación de contratos y la necesidad de un proceso de consulta indígena más robusto.
La polémica al rededor de Río Tinto y su asociación con el Estado chileno resalta la urgente necesidad de replantear las decisiones relacionadas con la explotación de recursos naturales en el país. Las repetidas acusaciones sobre la falta de transparencia, los contratos cuestionables y la ausencia de una estrategia clara para proteger el patrimonio natural y comunitario demuestran que se necesita un cambio de enfoque. El llamado a una reevaluación de la Estrategia Nacional del Litio se vuelve inminente, enfatizando el imperativo de priorizar la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades involucradas antes que los beneficios económicos inmediatos a corto plazo.
