La Contraloría General de la República (CGR) ha informado a través de sus redes sociales sobre el inicio de una investigación especial que tiene como objetivo analizar la legalidad del ingreso de vuelos con migrantes bajo el pretexto de la reunificación familiar. Este anuncio llega en un momento crítico, ya que la llegada de migrantes haitianos ha generado un debate acalorado sobre las políticas de inmigración y las condiciones bajo las cuales se permite la entrada de personas al país. La CGR ha coordinará este esfuerzo con diversas instituciones, incluyendo Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), buscando esclarecer cualquier irregularidad en los procesos de entrada de estos migrantes.
El contexto de esta investigación se centra en las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien ha manifestado que la migración de personas desde Haití se basa en solicitudes de familias que desean que sus hijos puedan reunirse con sus padres en Chile. Según Elizalde, los migrantes que están solicitando visas bajo la figura de reunificación familiar se encuentran en situación migratoria regular, lo que implica que poseen residencia y no tienen antecedentes policiales. Sin embargo, estos comentarios han suscitado cuestionamientos sobre la veracidad y el control de tales solicitudes, lo que ha llevado a la CGR a indagar más a fondo.
Asimismo, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, ha enfatizado que la legislación vigente, relacionada con la Ley de Extranjería, estipula que todo menor de edad debe ingresar al país acompañado por un adulto responsable, ya sea un padre, madre, tutor o encargado de su cuidado. En caso de que esto no se cumpla, la normativa establece sanciones y multas que pueden afectar tanto a los migrantes como a quienes los acompañan. Esta directriz es crucial para garantizar el bienestar de los menores, y las autoridades parecen querer asegurarse de que se está cumpliendo adecuadamente.
Adicionalmente, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha apoyado la posición del gobierno afirmando que los vuelos chárter que han llegado desde Haití han traído a personas que son titulares de visados de reunificación familiar. A pesar de estas afirmaciones, el proceso de control y supervisión de estos vuelos y las personas que ingresan al país sigue bajo la lupa de la Contraloría, que busca prevenir cualquier posible abuso de esta figura legal que podría estar siendo utilizada indebidamente.
La investigación que la CGR ha puesto en marcha representa un esfuerzo por parte del gobierno para transparentar y regular el flujo de migrantes en el país. Esta acción llega en un contexto donde la migración y el manejo de estos procesos son temas sensibles y polémicos en la opinión pública. La CGR ha reiterado su compromiso con la legalidad y la transparencia, asegurando que cualquier irregularidad detectada será tratada con la severidad que corresponde, reafirmando así la necesidad de un sistema de inmigración robusto y ético en Chile.
