El Ministerio del Trabajo ha tomado medidas drásticas ante la situación alarmante en la dirección del Crédito Prendario (Dicrep). Solicitaron la renuncia de su director general, Cristóbal Sepúlveda, luego de que se detectara que más de $1.500 millones en bienes fueron empeñados sin la adecuada verificación de su procedencia. Esta decisión responde a un informe reciente de la Contraloría General de la República, que reveló serias deficiencias en los procesos de control de la institución, conocidos coloquialmente como ‘Tía Rica’.
La notificación oficial del ministerio establece que Juan Andrés Troncoso, el jefe jurídico de Dicrep, asumirá el cargo de manera interina mientras se busca un nuevo director general. La renuncia de Sepúlveda se hará efectiva a partir del lunes 22 de diciembre, marcando un cambio significativo en la administración de una institución que ha sido objeto de escrutinio por su manejo de operaciones relacionadas con el empeño de bienes.
La alarma se encendió tras el hallazgo de la Contraloría, que reportó que alrededor de 1.681 personas con antecedentes penales habían empeñado bienes por cifras que superan los $1.500 millones. La falta de verificación adecuada ha generado preocupación sobre los criterios de operación de Dicrep, que debió asegurar que tales transacciones cumplieran con las normativas establecidas.
Además, el informe reveló que algunos usuarios habían recurrido al servicio de empeño hasta 229 veces en un solo año. Esta práctica ha suscitado inquietudes sobre el riesgo de abuso en el sistema, con un total de 4.769 usuarios identificados realizando transacciones recurrentes que suma un impresionante monto de $7.139 millones solo en 2023. Esto resalta la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas que rigen el funcionamiento de Dicrep.
El escándalo pone de manifiesto la urgencia de implementar reformas en el sistema de control interno de la institución. A medida que Juan Andrés Troncoso asume interinamente, los ojos estarán puestos en la respuesta del gobierno para corregir estas deficiencias y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La protección de los bienes y las garantías de los usuarios deberá primar en una institución cuyo objetivo principal es facilitar el acceso al crédito prendario de forma responsable.
