La senadora Claudia Pascual, del Partido Comunista, ha encendido la alarma en torno al proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que se encuentra actualmente en análisis en la Cámara. En una entrevista con Radio Nuevo Mundo, Pascual manifestó su inquietud por la falta de principios fundamentales en la legislación propuesta, tales como la proporcionalidad y la rendición de cuentas. Aseguró que, de aprobarse sin las modificaciones necesarias, el proyecto podría dar lugar a abusos y violaciones de derechos humanos similares a los que se observaron durante el estallido social en Chile, haciendo referencia a incidentes alarmantes como el caso de Gustavo Gatica. La senadora subrayó: «Puede generar situaciones iguales o peores a las vistas en videos como el del exuniformado Claudio Crespo,» lo que pone de manifiesto la urgencia de un análisis detenido antes de validar esta normativa.
Dentro del debate, Pascual también ha cuestionado los alcances de la ley antiterrorista, argumentando que las medidas intrusivas que se permitieron bajo esta legislación, como la interceptación de comunicaciones, no cuentan con criterios suficientemente claros que garanticen un uso adecuado. La senadora enfatizó que aunque estas herramientas están destinadas a combatir el crimen organizado, su utilización en escenarios políticos puede minar la confianza del público en las instituciones. En sus palabras, la ley «contempla una medida mucho más intrusiva, permitiendo el uso de la tecnología que capta datos y metadatos en un territorio determinado, pudiendo escuchar una manzana completa». Estas afirmaciones resaltan la necesidad crítica de establecer protocolos claros para su uso.
Respecto a las recientes filtraciones de las conversaciones del exasesor Miguel Crispi, la senadora Pascual calificó esta situación como grave. En línea con lo reportado por Radio Nuevo Mundo, la legisladora se mostró preocupada por la divulgación de información sensible por parte del Ministerio Público, advirtiendo que estas acciones pueden perjudicar la institucionalidad y obstaculizar un adecuado proceso judicial. Pascual hizo un énfasis particular en la distinción entre narcotráfico y disidencia política, reafirmando que «no se puede equiparar narcotráfico con disidencia política», una acusación que podría tener severas implicaciones sobre la manera en que se manejan ciertos casos dentro del sistema judicial.
En un contexto diferente, la senadora no se olvidó de resaltar la importancia del 1° de mayo, recordando la histórica lucha por derechos laborales. Pascual recordó a los «mártires de Chicago» y resaltó la necesidad de avanzar hacia una política de salario vital que se vincule con un nuevo modelo de desarrollo económico en Chile. La legisladora aseguró que «la discusión salarial debe ir de la mano con la transformación estructural que Chile necesita», dejando claro que el bienestar de los trabajadores debe ser una prioridad en las agendas políticas.
Por último, la senadora Pascual reiteró su llamado a utilizar mecanismos democráticos para corregir los proyectos que están actualmente en discusión, haciendo hincapié en la posibilidad de un veto presidencial al RUF. «Hay que utilizar todos los mecanismos del debate democrático», indicó durante su conversación con Radio Nuevo Mundo, reflejando su compromiso con la participación ciudadana y la importancia de un diálogo efectivo en la construcción de leyes que respeten los derechos de los ciudadanos.
