La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) ha expresado su firme rechazo al anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre la implementación de una profunda reforma a Gendarmería de Chile. Esta decisión fue comunicada tras la conocida «Operación Apocalipsis», que destapó una extensa red de corrupción en los recintos penitenciarios de Santiago 1 y San Joaquín, y que ha resultado en la detención de más de 60 personas, incluyendo 44 funcionarios de la Gendarmería. Los trabajadores penitenciarios se sienten agraviados por las acciones del gobierno, las cuales consideran que no toman en cuenta la labor que ellos realizan en el sistema penal del país.
En un esfuerzo por reconstruir la credibilidad del sistema penitenciario, el gobierno anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional que propone separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de Gendarmería. Según el presidente, a partir de esta reestructuración, Gendarmería dependería del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que el manejo de la reinserción social se transferiría al Ministerio de Justicia, a través de una nueva entidad especializada. Este cambio ha suscitado diversas opiniones y, especialmente, ha generado preocupación en Anfup, que argumenta que esta reestructuración podría desestabilizar aún más a un sistema ya frágil.
La Anfup ha criticado la falta de diálogo por parte del gobierno antes de llevar a cabo este anuncio crucial, argumentando que la propuesta se presenta como una solución rápida sin haber consultado a quienes están en la primera línea del sistema penitenciario. A pesar del grave escándalo de corrupción que ha sacudido a la institución, el gremio ha optado por no realizar autocríticas al respecto, centrándose en la necesidad de que se respete el derecho a la sindicalización y la voz de los funcionarios penitenciarios en la formulación de políticas.
Los dirigentes de Anfup también han señalado que el papel actual de Gendarmería es vital para la democracia y la seguridad pública del país, enfatizando que la reforma no debe ser entendida meramente como una reorganización administrativa. Consideran que tal cambio tiene implicaciones profundas que requieren un examen detenido y una discusión exhaustiva entre todas las partes involucradas, resaltando que esta propuesta no puede ser tratada como un simple ajuste burocrático.
Como respuesta, Anfup ha demandado que cualquier futuro cambio relacionado con la dependencia institucional de Gendarmería garantice la estabilidad laboral y previsional de sus funcionarios, además de asegurarse de que se respeten los derechos adquiridos, como bonos y asignaciones. También han solicitado mejoras reales en las condiciones laborales y de infraestructura, así como la protección de su derecho a la sindicalización. En conclusión, la asociación ha reiterado su deseo de mantener un diálogo abierto con el gobierno, exigiendo la creación de una mesa de trabajo para abordar estas reformas de manera seria y participativa.
