Luisa González, candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, emitió un comunicado enfático tras conocer los resultados preliminares de las elecciones en Ecuador, donde el empresario Daniel Noboa lidera la contienda con un margen de casi 12 puntos. «Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas», declaró González ante sus seguidores, quienes se reunieron en su sede de campaña. La candidata hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante lo que considera un posible fraude electoral, citando diversas encuestas que previamente hacían augurar su victoria.
De acuerdo con las proyecciones iniciales, la contienda electoral se perfilaba como una de las más reñidas en la historia reciente del país. Sin embargo, desde el inicio del escrutinio, fue evidente que los resultados preliminares favorecían a Noboa, lo que desató una ola de denuncias por parte del equipo de campaña de González. Andrés Arauz, Secretario General de la Revolución Ciudadana, aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaba publicando actas sin firmas que respaldaran los resultados, lo que contraviene la norma estipulada en el artículo 127 del Código de la Democracia.
«Son cerca de 11 encuestas, 11 investigaciones estadísticas, que nos daban la victoria», insistió González, añadiendo que estaba comprometida a pelear por cada voto, evidenciando cómo los resultados oficiales «no concordaban en absoluto» con las proyecciones anteriores. La frustración y el escepticismo se apoderaron de sus seguidores, quienes no podían creer que un margen tan amplio estuviera reflejado en los resultados oficiales, descatando el contraste con factores como el respaldo popular que ella había sentido en la calle durante la campaña.
La situación se agrava con el contexto de crisis que enfrenta Ecuador, marcado por el auge de la violencia relacionada con el narcotráfico, el desempleo elevado y una crisis energética. El decreto 599, emitido por Noboa justo antes de la votación, que impone un estado de excepción en varias provincias del país, ha sido cuestionado por muchos como una medida para controlar los resultados electorales y silenciar cualquier indisciplina. La Asamblea Nacional, dominada por opositores al gobierno, ha criticado el decreto como una amenaza a las garantías democráticas.
Además de las preocupaciones sobre el proceso electoral mismo, observadores internacionales han expresado su inquietud sobre intentos de censura y coerción por parte del gobierno de Noboa. La perspectiva de un fraude electoral ha comenzado a generar una crisis de confianza entre los ecuatorianos respecto a la legitimidad de sus líderes. González concluyó su intervención afirmando que Ecuador está viviendo en una dictadura, y que como ciudadanos, es su deber resistir y luchar por unas elecciones limpias y transparentes.
