En la comunidad mapuche de Llancamil-Challacura, un clamor por justicia se ha intensificado a raíz de los casos de racismo ambiental documentados en Perquenco. Los líderes comunitarios, encabezados por el lonko Juan Lincopi, han denunciado formalmente la existencia de tres focos de contaminación que constituyen una amenaza inminente para la salud y el medio ambiente. Estos incluyen un vertedero municipal que, a pesar de haber sido cerrado de manera deficiente, continúa siendo un punto de acumulación de desechos; una planta de aguas servidas que vacía residuos peligrosos en el río local; y una escombrera que opera ilegalmente en terrenos privados. La comunidad subraya que estas instalaciones se establecieron sin respetar los derechos indígenas y han causado un deterioro ambiental considerable en la región.
Desde su instalación en 1995, el vertedero municipal de Perquenco ha sido un foco de preocupación para los pobladores de la comunidad Llancamil-Challacura. A pesar de que se anunció su cierre en 2010, el relleno no ha sido debidamente cerrado y sigue siendo utilizado como basurero ilegal. Las denuncias indican que las autoridades han hecho caso omiso a la situación, permitiendo una continuidad de la contaminación en las tierras y aguas de la comunidad, así como un grave riesgo para la salud pública. Las pruebas recientes revelan la presencia de lixiviados en pozos de agua cercanos, incrementando el riesgo de enfermedades entre los habitantes de la zona.
La situación se torna aún más alarmante con la planta de aguas servidas que opera en el área, cuyos desechos se vierten directamente en el estero Perquenco sin tratamiento adecuado. Los documentos enviados por la comunidad a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y al Ministerio de Salud explicitan el impacto negativo en el medio ambiente y la salud pública, incluyendo filtraciones de lixiviados y la proliferación de vectores que amenazan la seguridad alimentaria. Este patrón de abandono y exposición a riesgos ambientales destaca un problema sistémico en la gestión de desechos en comunidades indígenas, que es sistemáticamente ignorado.
Ante esta crisis, la comunidad mapuche ha articulado demandas urgentes que buscan una intervención gubernamental efectiva y responsable. Exigen que se realicen estudios y auditorías independientes sobre la planta de aguas servidas, así como un cierre definitivo del vertedero municipal que contenga un plan de cierre participativo, algo que no se ha cumplido desde hace más de una década. Además, solicitan la fiscalización de la escombrera ilegal, prestación de ayuda para reparar las aguas contaminadas y un compromiso real hacia la protección de sus recursos naturales y derechos indígenas.
El informe elaborado por la comunidad y el lonko Juan Lincopi enfatiza la necesidad de una respuesta integral que vincule la remediación ecológica con un proceso de reparación histórica, hecho en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos. El documento señala que es imperativo que la voz de las comunidades mapuche sea central en la búsqueda de soluciones y que el Estado priorice el bienestar del pueblo mapuche por encima de intereses económicos y políticas de abandono. La situación actual no solo refleja un patrón de violaciones a los derechos indígenas sino también una falta de acción estatal que debe ser corregida con urgencia.
