El alcalde de Santiago, Mario Desbordes Jiménez, ha denunciado incidentes provocados por estudiantes secundarios en el exterior del municipio durante una protesta denominada «mochilazo», según informa BioBioChile. Este evento fue convocado por los centros de estudiantes de diversas instituciones educativas reconocidas, incluyendo el Instituto Nacional y el Liceo Barros Borgoño. La manifestación busca visibilizar el creciente malestar que sienten los jóvenes por la precarización de la educación pública y el abandono de las autoridades. En un mensaje publicado en Instagram, los estudiantes señalaron que su movilización es para exigir que se escuchen sus necesidades históricas y que cesen los intentos de criminalizar a quienes alzan la voz por sus derechos.
La preocupación de los estudiantes se centra especialmente en la propuesta de Desbordes sobre el uso del Aula Segura, que permite la expulsión de estudiantes bajo ciertas circunstancias. Estos jóvenes argumentan que dicha medida no solo es restrictiva, sino que también contribuye al desmantelamiento de la educación pública. Durante la protesta, los manifestantes llegaron al frontis del municipio, donde leyeron una carta a las autoridades, solicitando que el alcalde participe activamente en los consejos escolares de los establecimientos mencionados, proponiendo un diálogo antes del 31 de agosto.
Sin embargo, la protesta tomó un giro inesperado cuando algunos de los manifestantes comenzaron a generar desórdenes en la zona. Según los reportes, Carabineros debió intervenir a raíz de los disturbios, los cuales incluyeron el lanzamiento de objetos contundentes hacia el edificio municipal. En un video difundido por Desbordes, se puede observar cómo algunos estudiantes agredieron también a transeúntes en el área, lo que llevó al alcalde a calificar a estos actos como vandalismo y a culpar a la extrema izquierda de la situación.
Este incidente ha generado un debate intenso en la sociedad chilena, donde las opiniones se dividen entre quienes ven la protesta como una expresión legítima de descontento por parte de los jóvenes y quienes condenan la violencia asociada a algunos de sus actos. La puesta en marcha de medidas como el Aula Segura ha sido controvertida y ha suscitado diversas críticas, ya que muchos consideran que podría agravar aún más la situación de la educación pública en el país.
A medida que los acontecimientos se desarrollan, queda claro que el conflicto entre las autoridades y los estudiantes es un reflejo de un sistema educativo en crisis. Las demandas de los jóvenes por una educación justa y digna se enfrentan a un entorno en el que muchos sienten que sus voces son silenciadas. La respuesta de las autoridades, tanto en el municipio como a nivel nacional, será crucial para determinar si se logrará establecer un verdadero diálogo que permita abordar las problemáticas educativas en Santiago.
