Este lunes, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará un caso que ha captado la atención del país, relacionado con la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte contra dos altos funcionarios: el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Antonio Poblete, y el exjefe de inteligencia del Ejército, general (r) Schafik Nazal. Ambos están implicados en la llamada «Operación Topógrafo», enfrentando graves acusaciones que incluyen 15 delitos reiterados de interceptación maliciosa de comunicaciones y nueve ilícitos de falsificación ideológica de instrumento público. La fiscalía ha solicitado una severa pena de 20 años de prisión para cada uno, resaltando la gravedad de las imputaciones y el impacto del caso en las instituciones judiciales del país.
Sin embargo, la audiencia podría verse afectada por una nueva arista procesal: la recusación presentada por el fiscal regional Xavier Armendáriz contra el ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa. Según Armendáriz, existe una relación de amistad cercana entre Ulloa y Poblete, lo que podría poner en tela de juicio la imparcialidad del juez al momento de decidir sobre la causa. Esta situación añade un nivel de complejidad al caso, ya que la imparcialidad de los jueces es fundamental para el adecuado funcionamiento de la justicia.
La polémica se intensifica con la reciente publicación de un informe por parte de CIPER, que revela conversaciones entre el ministro Ulloa y el abogado Luis Hermosilla. En estos chats, se evidencian gestiones para influir en los nombramientos de jueces y fiscales, lo que sugiere la existencia de un mecanismo paralelo que podría estar socavando la independencia judicial. Entre las solicitudes de Ulloa se destaca su interés por promover candidatos que sean ‘leales y de nuestro sector’, sugiriendo una red de favoritismos que podría complicar aún más el panorama judicial.
Estas revelaciones han llevado a una creciente preocupación sobre las prácticas de nombramiento dentro del Poder Judicial y podrían tener un impacto directo en el juicio contra Poblete y Nazal. Si se confirma la amistad y las conexiones entre Ulloa y el exministro, esto podría llevar a la anulación de decisiones donde esté involucrado este ministro, desestabilizando aún más el caso que ya es de por sí complicado. La posibilidad de que se cuestionen las acusaciones en base a la imparcialidad del tribunal es un tema que ha resonado en los medios y la opinión pública.
El avance de este caso y las implicaciones de la recusación podrían marcar un hito en la manera en que se percibe la justicia en Chile. Con la atención de varios sectores de la sociedad y la amenaza de una posible crisis de confianza en el sistema judicial, se hace evidente que la resolución de este litigio será observada de cerca no solo por su relevancia penal, sino también por sus consecuencias en la estructura del Poder Judicial chileno. En este contexto, la Corte de Apelaciones deberá navegar cuidadosamente entre las acusaciones y las revelaciones que han emergido, buscando mantener la integridad del proceso y la confianza de la ciudadanía.
