El pasado 1 de agosto logró activa la Norma de Carácter General N° 538, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), marcando un hito en la seguridad y autenticación de las transacciones electrónicas en el país. Esta nueva normativa elimina el uso de tarjetas de coordenadas, considerado un método obsoleto, instando a los emisores a adoptar sistemas más robustos y seguros, como la autenticación multifactor y el cifrado de datos. A través de este cambio, se busca alinear las prácticas del país con estándares internacionales, específicamente los exigidos en Europa, lo que promete modernizar el sistema financiero y elevar la seguridad de las transacciones, haciéndolas más rápidas y confiables.
No obstante, esta transición tecnológica plantea serias preocupaciones, especialmente en lo que respecta a las personas mayores, quienes son consideradas un grupo de consumidores hipervulnerables. Estas personas podrían enfrentar dificultades en la adaptación a los nuevos métodos de verificación electrónica, en parte debido a la brecha digital que muchos de ellos experimentan. El desafío no solo radica en la adaptación a nuevas tecnologías, sino también en el acceso a dispositivos modernos, como smartphones, lo que podría dejarlos fuera de estos nuevos métodos de autenticación y limitar su capacidad para realizar transacciones de manera segura.
Ante la implementación de esta norma, es crucial que los proveedores de servicios financieros apoyen a sus usuarios mediante campañas educativas efectivas. La entrega de información clara, veraz y oportuna será vital para garantizar que todos los consumidores conozcan los cambios y comprendan cómo navegar en el nuevo entorno digital. Se espera que se desarrollen estrategias diferenciadas para aquellos segmentos más vulnerables y que puedan manifestar problemas significativos para adaptarse, asegurando así que nadie quede atrás en este proceso de modernización.
Desde el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), se han publicado recomendaciones dirigidas a los usuarios para guiarlos durante esta etapa. El llamado es claro: los consumidores deben informarse sobre los métodos de autenticación disponibles, activar sistemas de seguridad complementarios y, lo más importante, exigir canales de atención inclusivos. Tienen derecho a recibir asistencia especializada y sin discriminación, garantizando que se sientan seguros al realizar sus transacciones. La educación y el acompañamiento son clave para afrontar estos cambios sin mayores complicaciones.
Finalmente, es imperativo que las entidades financieras se comprometan a ser transparentes y accesibles en la comunicación de estos cambios. Ofrecer información de manera clara y constante, así como establecer vías de atención diferenciadas para quienes tengan dificultades, no solo es un deber ético, sino también un requisito para fomentar la inclusión financiera. La confianza en el sistema depende en gran medida de la capacidad de cada usuario para adaptarse a estas nuevas normativas, y es responsabilidad de las instituciones garantizar que esta transición se realice de la manera más fluida posible.
