La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó esta mañana la postergación del proyecto de ley sobre aborto y respondió a las críticas recibidas. Según la autoridad, «la mayoría de la población está en contra de penalizar el aborto», destacando datos recientes que respaldan esta afirmación.
Declaraciones frente a las críticas de la Iglesia
En conversación con El Diario de Cooperativa, Orellana reaccionó a los comentarios del cardenal Fernando Chomali, quien calificó como «un gran regalo» la postergación del proyecto. La ministra subrayó que «las decisiones que se toman no se hacen pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia, que es lo que significa ser un cardenal».
Orellana explicó que el retraso del proyecto responde a dos medidas anunciadas por el presidente Gabriel Boric el 1 de junio: la introducción de un nuevo reglamento relacionado con las tres causales y el ingreso del proyecto de ley en sí. Según la ministra, el reglamento ha enfrentado una serie de objeciones, entre ellas las del Arzobispado de la Iglesia chilena, que ha presentado escritos en contra.
Acceso desigual y la necesidad de cambio
La ministra destacó la desigualdad en el acceso al aborto bajo las tres causales, vigente desde hace siete años. “Tenemos que recibir acá en Santiago a niñas violadas, con embarazos avanzados, porque el sistema sanitario en regiones no logra atenderlas”, afirmó. El nuevo reglamento busca garantizar que ninguna mujer quede excluida del acceso debido a su lugar de residencia o al tipo de atención médica disponible.
Orellana insistió en que el propósito del reglamento es eliminar estas barreras y, una vez implementado, se procederá con el ingreso del proyecto de ley que busca avanzar hacia una despenalización más amplia del aborto.
Posturas divergentes en el debate público
La ministra señaló que no busca un enfrentamiento con la Iglesia Católica, pero enfatizó que esta no es la única voz en el debate. También abordó las críticas internas desde sectores oficialistas, como las del diputado Roberto Celedón, quien argumentó que el aborto sin causales sería inconstitucional. Sobre esto, Orellana reconoció diferencias, pero aseguró que el tema de la constitucionalidad es discutible y no coincide con la postura del diputado.
Además, la ministra hizo énfasis en la necesidad de conversación y trabajo conjunto, recordando que cuando se trata de derechos de las mujeres, «nunca tenemos una mayoría inicial». Según ella, el avance en derechos como el aborto bajo las tres causales en 2017 requirió un esfuerzo significativo, incluso en un escenario legislativo más favorable.
Apoyo social al cambio legal
Orellana respaldó sus declaraciones con datos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que muestran un amplio apoyo a la normativa vigente de las tres causales, con más del 80% de respaldo en distintos segmentos sociales. “La población está mayoritariamente en contra de penalizar el aborto», aseguró, destacando que el consenso social rechaza la criminalización de las mujeres en casos de aborto.
Finalmente, la ministra subrayó la importancia de seguir avanzando hacia un esquema de despenalización y acceso seguro, en línea con las recomendaciones internacionales, para abordar tanto las necesidades de las mujeres como el problema del mercado negro relacionado con el aborto.
