Un ambiente laboral tenso y conflictivo ha salido a la luz en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) en el contexto de la investigación contra su titular, Carlos Miranda Jiménez, por acusaciones de maltrato laboral. Los hechos fueron denunciados el 22 de agosto de 2024 por el Sindicato N°1 del Conservador, en medio de un complejo proceso de negociación colectiva y una huelga de cuatro días que había llevado a la institución al borde del estallido social. Este escándalo se intensificó cuando Miranda interrumpió una reunión clave entre representantes de los sindicatos y el primer oficial Francisco Barriga, descalificando a este último como interlocutor válido, lo que provocó un clima de confrontación y descontrol en las negociaciones.
Los testimonios recogidos durante la investigación revelaron la gravedad de la situación. Según los presentes, Miranda ingresa a la reunión con una actitud visiblemente alterada, lo que culminó en un enfrentamiento tanto verbal como físico con Barriga. Este episodio obligó a suspender la reunión, ya que Barriga quedó profundamente afectado, hasta el punto de sentirse avergonzado y nervioso, una situación que lo llevó a presentar su renuncia, la cual no fue aceptada por la administración. Este incidente no solo subraya el enfrentamiento de poderes dentro del CBRS, sino también las consecuencias del maltrato laboral que afecta el bienestar de los empleados.
La fiscal Ana María Hernández Medina, encargada de la investigación, pudo corroborar los hechos denunciados y las secuelas que sufrió el funcionario tras el incidente. En su informe final, Hernández establece la responsabilidad disciplinaria de Miranda por el maltrato y acoso laboral ocurrido el 21 de agosto de 2024. Sin embargo, la propuesta de sanción consiste en una amonestación privada. La fiscal argumenta que, dado que esta es su primera infracción y su historial laboral carece de antecedentes negativos, se justifica la aplicación de una medida leve, además de recomendar mejoras para el clima laboral a través de intervenciones de organizaciones de seguridad.
El informe de la fiscalía fue entregado a la Corte de Apelaciones de Santiago a principios de enero, y ahora se encuentra en manos de los jueces, quienes deberán deliberar sobre la situación de Miranda tras escuchar los alegatos de ambas partes. En un intento por defender a su cliente, Matías Rodríguez, su abogado, comentó que la decisión de la fiscalía no debe ser validada debido a supuestas irregularidades en el proceso de investigación y sugirió que la denuncia podría ser un intento de desviar la atención de las acusaciones previas contra Francisco Barriga. Esta situación está en el aire y pone de manifiesto un ambiente laboral deteriorado dentro del Conservador.
Rodríguez también ha criticado la filtración del expediente del caso, argumentando que la revelación de detalles sobre la investigación comprometió la confidencialidad y la integridad del proceso judicial. Esta denuncia resuena en un momento crítico, pues los trabajadores del CBRS están en una lucha por mejores condiciones laborales que actualmente se ven ensombrecidas por las acaloradas disputas entre sus representantes y la administración. La situación no solo refleja un problema en la gestión de recursos humanos dentro del conservador, sino que también plantea preguntas sobre la ética y transparencia en la resolución de conflictos laborales en instituciones públicas.
