El caso del niño de 13 años que sufrió brutales maltratos por parte de su madrastra en Iquique ha causado una profunda conmoción en la sociedad chilena. Durante casi dos años, el menor, que vivió en condiciones inhumanas, fue víctima de una situación comparable a la esclavitud que dejó marcas imborrables en su vida. Según informes, la madrastra, identificada como G.C.E.A., de 51 años, asumió la custodia del niño en noviembre de 2023, tras la separación de su pareja, y durante este tiempo se desató un horror inimaginable para el menor. La situación llegó a ser tan extrema que en agosto de 2024, la mujer decidió retirar al niño de la escuela, prohibiéndole cualquier contacto con otros menores e incluso con su propio padre.
Los abusos que sufrió el niño fueron tanto físicos como psicológicos, lo que evidencia la gravedad de la situación a la que fue sometido. En su desgarrador testimonio, relató que fue golpeado repetidamente con diversos objetos, desde palos hasta martillos, cuando no cumplía con las exigencias de su madrastra. Además, reveló que en una ocasión estuvo sin comer durante seis días y tres sin beber agua, lo que retrata una negligencia extrema por parte de su cuidadora. Este testimonio aterrador fue presentado durante la audiencia de formalización, donde el niño tuvo la valentía de hablar sobre las atrocidades que sufrió en silencio.
El sufrimiento del niño llamó la atención de una vecina, quien, alertada por los llantos que provenían del patio, decidió actuar. Según su declaración, desde octubre de 2024 comenzó a escuchar ruidos y a preocuparse por la situación del menor. Tras comentar con otros vecinos y revisar cámaras de seguridad, decidieron realizar la denuncia ante Carabineros, lo que condujo al inicio de una investigación sobre los maltratos. Gracias a la intervención de esta vecina, las autoridades fueron alertadas, y finalmente, la madrastra de G.C.E.A. fue arrestada y se enfrenta actualmente a múltiples cargos por abuso y maltrato infantil.
El caso ha dejado a la comunidad de Iquique en estado de shock, poniendo en evidencia no solo la brutalidad que algunos menores pueden enfrentar en su entorno familiar, sino también la importancia de la intervención comunitaria en situaciones de abuso. Las fuerzas de seguridad han reiterado que es crucial escuchar los susurros de alarma procedentes de la comunidad y actuar en consecuencia. Este triste episodio ha ilustrado la necesidad de reforzar los mecanismos de protección infantil en el país, así como la urgencia de fomentar una mayor conciencia sobre los derechos de los menores y el papel de la sociedad en su defensa.
En la actualidad, la madrastra del niño se encuentra en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación por los graves delitos que ha cometido en contra del menor. Esta situación no solo plantea un debate sobre las leyes de protección infantil, sino que también subraya la urgencia de garantizar que sucesos como este no se repitan en el futuro. La comunidad espera que se haga justicia por el niño, quien ha sobrevivido a un capítulo de horror inimaginable, y que se tomen medidas efectivas para asegurar que todos los niños en el país puedan crecer en entornos seguros y cariñosos.
